"Probablemente estemos bien situados y seamos un lugar de referencia mundial", ha expresado sobre España, aportando ejemplos como Vitoria, Logroño (futura capital verde en 2022), Pontevedra, Palma de Mallorca o la propia Marbella, que ya apuestan "por políticas de peatonalización o cuidado interpersonal".

No obstante, ha advertido de que esa base necesita de una "aplicación de políticas de participación ciudadana y de mantenimiento y conservación de la biodiversidad". La catedrática en la Bartlett School of Architecture de Londres ha lamentado la presencia de espacios hostiles en los que perduran "colectivos discriminados por esa falta de atención a los cuidados y que son aquellos que se separan más del arquetipo histórico de varón de mediana edad con un trabajo y un vehículo que realiza las actividades productivas". "Personas con demencia, en paro, niños, dependientes... todos somos ciudadanos de segunda o de tercera en una ciudad hostil en ciertos momentos", ha detallado.

Chinchilla, en ese sentido, promulga por una "declaración universal por los derechos de la ciudadanía". Por un lado, para que las personas "entiendan que las políticas públicas que invierten en protección de la salud, del medioambiente y en cuidados son convergentes con el crecimiento económico" y, por otro, para crear conciencia y hacerles agentes reivindicativos y activos. Por otro lado, ha considerado "fundamental" contar con la infancia en la planificación porque la "constitución de la imagen mental de una ciudad se genera en los primeros años".

Por último, la también diseñadora ha pedido precaución sobre la tendencia hacia la arquitectura centrada en el sector turístico y ha reivindicado una política que se compense con la vida residencial y el tejido autóctono.

"Por cada euro que metemos en turismo hay que invertir en la ciudadanía y en la comunidad local", ha enfatizado. En este contexto ha señalado la gentrificación como uno de los "grandes efectos indeseados" por el que "barrios que eran asequibles para comunidades muy diversas se vuelven carísimos para una gran mayoría de la población local".

DERECHO PENAL

Este jueves también han comenzado en Marbella dos nuevos cursos de verano, organizados por su Fundación General (Fguma). Durante dos jornadas se analizarán, por un lado, las conexiones entre el urbanismo, la ordenación del territorio y los recursos hídricos y, por otro, la lucha contra el fraude fiscal. En este último ha participado el abogado Jesús Urraza, que ha disertado sobre la responsabilidad penal de las infracciones fiscales.

Respecto a casos mediáticos por este delito, el experto ha declarado: "El derecho penal no se puede utilizar para generar conciencia social, el derecho penal tiene que ser la consecuencia de la cultura de la conciencia social porque si no acabamos entrando en procedimientos ejemplarizantes. En estos casos se generan situaciones personales muy duras, la imagen de estas personas se ve dañada, es peligroso e injusto".

"Por mi experiencia profesional tengo la impresión de que se está sobreactuando en el ámbito penal y se buscan soluciones que deberían encontrarse en el derecho administrativo, deberíamos regular mejor la normativa tributaria para poder perseguir las infracciones donde procede", ha opinado Urraza.

Sobre el Proyecto de Ley para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, que se aprobó este miércoles en el Congreso, ha manifestado: "Todo lo que sea mejorar los mecanismos de regulación en el ámbito tributario me parece un acierto porque realmente la herramienta adecuada para perseguir este tipo de comportamientos es el derecho tributario".

En este sentido, ha añadido que hace falta un cierto rigor a la hora de elaborar estas normas para no llegar a "procedimientos penales interminables" que no resuelven los problemas ni de Hacienda ni de los contribuyentes. "Hagamos bien la norma y conseguiremos que se tribute mejor, ese es el secreto", ha sentenciado.

Sobre las consecuencias penales de aquellas personas que defraudan a la agencia tributaria, el abogado cofundador de Urraza & Mendieta ha explicado que el Código Penal español "es duro" y que cuando un ciudadano es condenado por un delito fiscal puede terminar en la cárcel y tiene unas penas económicas muy potentes.

"Hay procedimientos actuales en los que se piden diez o 12 años de prisión por defraudaciones fiscales. Si la norma antifraude tributaria estuviera definida correctamente no serían necesarios la mitad de estos procedimientos penales. Desde el punto de vista de la eficacia es disfuncional, desde el punto de vista de la filosofía del derecho penal es desproporcionado y desde el punto de vista del ciudadano crea confusión", ha declarado el ponente.

DEPURACIÓN

Por otro lado, el director general de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, Fernando Delgado, que ha participado en el seminario 'Urbanismo y aguas', ha confiado en que en 2027 todas las infraestructuras de depuración fundamentales estén en funcionamiento para cumplir con el objetivo de vertido cero.

"Sobre todo nos hemos centrado en aquellas que estaban sometidas a procesos sancionadores", ha enfatizado. En relación con la provincia de Málaga, ha enumerado casos como el de Coín, que ya está resuelto al haber entrado en funcionamiento la EDAR del Bajo Guadalhorce; la depuradora de Nerja, dependiente del Estado, ha retomado sus obras; y, por último, la EDAR Málaga Norte que está justo ahora en licitación.

"Este Gobierno ha apostado por la depuración y ha puesto en marcha alrededor de 300 actuaciones declaradas de interés autonómico que se encuentran en distintas fases: proyecto, licitación o ejecución para dar solución a este problema fundamental en Andalucía", ha sostenido.

También ha explicado que mediante el canon del agua, en vigor desde 2010, se recaudan aproximadamente 140 millones de euros al año que se destinan a la ejecución de obras declaradas de interés autonómico de depuración y recientemente también de abastecimiento.

En este sentido, Delgado ha reconocido que el ritmo de inversión no era el adecuado y la ciudadanía ha tenido la sensación de que no se estaba cumpliendo con el objetivo: "En estos dos últimos años se han movilizado casi 500 millones de euros de ese canon y se van a ver beneficiados alrededor de 550 municipios andaluces".

Por último, sobre la situación hidrológica de este año, ha comentado que se vive un verano duro en cuanto a la escasez de precipitaciones aunque en este momento sólo existen restricciones en la Viñuela y en la zona de Barbate, "donde los comités de gestión han pactado con los usuarios una reducción del 25 por ciento y en el resto de los sistemas de explotación de embalses se va a garantizar la demanda", ha aclarado.