Luz verde a la largamente negociada reforma de las pensiones, al menos a la que será su primera parte. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social cerró este lunes con patronal y sindicatos un acuerdo sobre este primer paquete de medidas que llegará, previsiblemente, el próximo martes al Consejo de Ministros para que apruebe el inicio de su tramitación. El texto incluye de la obligación de elevar las pensiones con el IPC cada año.
El acuerdo llegaba muy encarrilado a la mesa que lo cerró este lunes, después de varios meses de negociaciones en la mesa del diálogo social, que sin embargo aún tiene trabajo por delante para abordar la segunda parte de la reforma de las pensiones, en la que se prevén más choques. La revalorización de las pensiones con la inflación por ley supone dar cumplimiento a uno de los principales compromisos del Gobierno en esta materia.
Gobierno, patronal y sindicatos han acordado también la derogación del llamado factor de sostenibilidad que introdujo la reforma del PP de 2013. En resumen, este mecanismo reducía la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida, lo que hubiera supuesto una pérdida progresiva de poder adquisitivo de las prestaciones en las próximas décadas. Y los sindicatos se felicitan de que, con su derogación, "se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados".
Lo acordado es que este mecanismo sea sustituido por un "mecanismo de equidad intergeneracional" que entrará en vigor a partir del año 2027. No obstante, el nuevo método aún no está diseñado: para cerrarlo, Gobierno, patronal y sindicatos se han dado un plazo de cuatro meses y medio. Seguridad Social no da detalles sobre cuál será su propuesta para este sistema.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social calculan que, para 2048 -la fecha en la que se estima que el número de pensionistas alcanzará su pico-, la revalorización de las pensiones con el IPC y, sobre todo, el aumento del número de pensionistas incrementará el gasto en esta partida en el equivalente a 2,5 puntos del PIB. El Gobierno pretende financiar ese aumento del gasto a través de este mecanismo de equidad y acercando la edad real de jubilación a la legal.
El objetivo, retrasar la jubilación
Y es que el acuerdo alcanzado este lunes recoge también las medidas para penalizar las prejubilaciones y fomentar el retraso de la edad real de retiro que anunció hace unos meses el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Por ejemplo, para incentivar el retraso de la jubilación más allá de los 67 años, se ofrecerá a los trabajadores bonus económicos de hasta 12.000 euros en función de lo que haya cotizado el empleado y de los años que decida seguir trabajando más allá de la edad de jubilación legal.
Asimismo, se incluye la puesta en marcha de una fórmula permanente de financiación de las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado, otra de las recomendaciones planteadas por los partidos en el Pacto de Toledo. En concreto, informan fuentes sindicales, se incluirá en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará cada año una transferencia de cerca del 2% del PIB (unos 20.000 millones de euros) a la Seguridad Social. Eso sostienen los sindicatos, supone garantizar "cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050".
El pacto también contempla ciertos retoques en el reconocimiento del derecho a la pensión, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por las becas -remuneradas o no- siempre y cuando estén vinculadas a estudios universitarios o de formación profesional, o la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas dependientes.
La segunda parte, aún por negociar
Una vez alcanzado este pacto, que será ratificado por las direcciones de sindicatos y patronal en las próximas horas, la reforma se enfrentará a varios meses de tramitación parlamentaria, aunque el compromiso adquirido por el Gobierno con la UE es que esté en vigor antes de fin de año. No obstante, este primer paquete de medidas es tan solo una primera parte de la reforma de las pensiones, y aún quedan por negociar para una segunda ronda de reformas varios de los asuntos más controvertidos y en los que las posiciones son más distantes.
Es el caso, por ejemplo, de la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los actuales 25 años, al que finalmente se ha comprometido Sánchez con Bruselas para el cuarto trimestre de 2022. Y para esa misma fecha se plantea que entre en vigor el aumento de la base máxima de cotización de forma "gradual", para que los sueldos más altos aporten por una parte mayor del salario que hasta ahora.
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