El Consejo de Europa aprobó finalmente este lunes un duro informe donde pone en cuestión la libertad de expresión en España por la sentencia a los líderes del procés, pide el indulto para los líderes independentistas condenados por el Supremo y tacha de "obsoletos" los delitos de rebelión y sedición. El texto, cuyo ponente fue el letón socialista Boris Cilevics, recibió 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Entre los representantes españoles, PSOE y PP votaron en contra, mientras que UP y nacionalistas lo hicieron a favor.

El informe del Consejo de Europa, del que forman parte representantes de hasta 47 Estados, reconoce que España es una "democracia viva, con una cultura de debate público libre y abierto". Sin embargo, afirma que los políticos catalanes fueron procesados y condenados a largas penas de prisión por sedición y otros hechos, como "declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos", e insta a reformar los delitos de rebelión y sedición, pues son "obsoletos y excesivamente amplios para abordar lo que en verdad es un problema político que debe resolverse por medios políticos”.

Por ello, invita al Gobierno a "indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017" y a "considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos", como el expresident Carles Puigdemont. El texto provocó la protesta, este lunes, de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien afirmó que el texto contiene recomendaciones sobre el poder judicial "un tanto incoherentes".

"El señor Cilevics hace una serie de consideraciones, con una serie de recomendaciones al Ejecutivo que tienen que ver con la actuación de los jueces en España, del sistema judicial en España, que a nosotros nos parecen un tanto incoherentes y confusas, dado que en España rige el principio de separación de poderes, como Estado de Derecho que somos", señaló la ministra, que subrayó que los políticos independentistas catalanes han sido juzgados "por sus actos y no por sus opiniones".

González Laya también recalcó que el documento del Consejo de Europa "adolece de un pecado original, que es poner en cuestión la libertad de expresión de los políticos en nuestros país" y equiparar el caso español con el de Turquía, país sobre el que también se incluyen recomendaciones, pero admitió que "el Gobierno de España no tiene la potestad de parar un informe ni de parar unas recomendaciones", como finalmente sucedió, pues el texto salió adelante por amplísima mayoría.

El documento contó con votos favorables procedentes de todas las familias políticas europeas. Entre los miembros españoles del Consejo, votaron a favor del informe Unidas Podemos, PNV y ERC, mientras que PP, PSOE y Vox lo hicieron en contra.