El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha acorado la apertura de juicio oral contra el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Le da además un día de plazo, desde el momento en el que sea notificado formalmente de esta decisión, para prestar fianza por un total de 65.132.961 euros, con el fin de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérsele en sentencia, y con el apercibimiento de que de no aportar esta cantidad "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Rodrigo Rato: "A mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca"

El magistrado Antonio Serrano-Arnal entiende que no ha lugar a la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible, por lo que no será juzgado por estas conductas. En esta resolución, contra la que no cabe recurso, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

En esta resolución, contra la que no cabe recurso y que tiene fecha de 1 de junio, se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid. Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

La Fiscalía pide casi 70 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción pide casi 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía por defraudar más de 8,5 millones de euros. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios.

Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. Sobre ese extremo, el auto dado a conocer este miércoles señala que en su escrito pidiendo la transformación en procedimiento abreviado el fiscal no señalaba dichos delitos, que si aparecieron posteriormente en el escrito de conclusiones provisionales.

A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

Citados el 11 de junio

Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo "las pruebas de que intenten valerse".

"Dada la naturaleza de la pena solicitada", el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.