El Gobierno presiona para intentar minimizar el impacto del ERE anunciado por Caixabank, que el martes comunicó que quiere ejecutar el despido colectivo de 8.291 de sus trabajadores en el que supondría el mayor expediente de regulación de empleo del sector de la banca en España. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirmó este miércoles que, en el "proceso de negociación" con los sindicatos que viene, el Ejecutivo va a exigir que se "minimice el impacto" de los despidos. Y la parte de Unidas Podemos del Gobierno pide que el Estado utilice su participación minoritaria en Caixabank para "promover un cambio en la actitud de la dirección" y defender el empleo.

Con la fusión entre Bankia y Caixabank anunciada el pasado septiembre, la primera de esas marcas desapareció y el Estado dejó de tener la participación mayoritaria en esa entidad para pasar a detentar únicamente un 16% del nuevo banco resultante. Entonces, la decisión de Economía de dar luz verde a esa fusión ya generó roces en el Gobierno, ya que Unidas Podemos se mostró públicamente contrario a la misma. Entre otros dirigentes, la hoy vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó tener "preocupación" por los posibles "ajustes" en el empleo provocados por esa fusión.

Este martes, no obstante, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió que la fusión ha evitado una destrucción de empleo incluso mayor. "Siendo consciente de que se trata de un expediente cuantioso e importante, este podría haber sido muy superior si cada entidad hubiera hecho la reestructuración por su lado", consideró Montero.

CaixaBank plantea la mayor restructuración bancaria de la historia: cierre de 1.534 oficinas y 8.291 despidos

Al tener una participación minoritaria en el accionariado, el Gobierno no tiene capacidad de obligar a Caixabank a retirar el ERE, aunque sí esté presionando para, al menos, rebajarlo. Este miércoles, Calviño insistió públicamente en la necesidad de "adoptar determinadas medidas para cambiar el rumbo de las entidades y del sector" y reducir "el impacto negativo sobre el empleo". Asimismo, la ministra pidió a la entidad "buscar todas las alternativas posibles", porque la destrucción de empleo supone "una pérdida de valor y capital humano que simplemente España no puede permitirse".

Más directo fue el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, que planteó que "el Estado debe utilizar su participación en la entidad para defender el empleo y el interés público" y no puede "asentir pasivamente" ante el ERE. "La sociedad española ha hecho esfuerzos muy importantes en el pasado, que aún estamos pagando, para garantizar la estabilidad de los bancos en este país, Bankia nos ha costado 23.000 millones de euros a todos los españoles, y no puede ser que la moneda de cambio que devuelvan las entidades sea la de los despidos y los cierres de oficinas", denuncian fuentes de la parte morada del Gobierno.

Tanto PSOE como Unidas Podemos criticaron este miércoles, además, que Caixabank haya planteado un ERE de grandes dimensiones manteniendo las altas remuneraciones de sus directivos. Son "inaceptables" los "altos sueldos y bonus pagados a directivos de las entidades", "no se corresponden en absoluto con la situación económica de nuestro país, y menos aún en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas", denunció a este respecto Calviño, mientras Álvarez denunció que no es "admisible que, en estas circunstancias, algunos directivos de la entidad lleguen a triplicar sus remuneraciones".