Rechazo unánime de todos los partidos al cartel de Vox acusado de fomentar el odio contra los menores migrantes

  • Todo el arco parlamentario ha censurado la publicidad instalada el Sol, aunque los de Abascal persisten en su defensa.
El polémico cartel de Vox en Sol fotografiado este miércoles.
El polémico cartel de Vox en Sol fotografiado este miércoles.
Marta Fernández Jara/ EP

Vox se ha quedado solo en la defensa del polémico anuncio electoral que compara la pensión de una jubilada con el supuesto coste de mantenimiento de un menor extranjero no acompañado (a los que se les conoce por el acrónimo 'menas'). Todos los partidos han criticado el mensaje de la formación, que ya está siendo investigado por la Fiscalía Provincial por si fuera constitutivo de un delito de odio, y el Gobierno de la Nación ha anunciado que presentará una denuncia contra la publicidad, que ha sufrido un ataque vandálico, pero sigue visible en el centro de la capital. 

Las diligencias abiertas en diferentes instancias contra el mensaje de Vox se acercan a la decena. Hay cuatro denuncias en la Fiscalía (del Gobierno, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) que se suman a la investigación abierta de oficio por el ministerio público, dos en la Junta Electoral (de los socialistas y la formación morada) y otra más en los juzgados, también interpuesta por el PSOE. 

El Gobierno central en bloque ha cargado contra Vox por su mensaje. Una de las más severas ha sido Carmen Calvo, que este martes era la máxima representante del Ejecutivo en el Congreso, dado que Pedro Sánchez se encuentra en Andorra. "Los derechos de esos niños no tienen discurso contable ni económico, tienen el discurso del dolor y el desamparo", ha reprochado la vicepresidenta primera al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

La censura al partido de Santiago Abascal ha llegado desde todo el arco parlamentario, aunque no con la misma intensidad. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que el mensaje de Vox es "publicidad engañosa" y ha pedido "responsabilidad" a la formación porque "en campaña no vale todo". Eso sí, a la vez ha acusado a Sánchez de provocar un "efecto llamada" con la inmigración ilegal y ha asegurado que si en Madrid hay un problema de inseguridad ciudadana es "competencia" del Ministerio del Interior, porque la Comunidad no tiene policía autonómica. 

Isabel Díaz Ayuso se ha confesado "absolutamente en contra" del cartel. "Igual que Vox distingue que un hombre no es un maltratador por ser hombre, en este caso también: habrá menas que son delincuentes y otros muchísimos que no lo son (...) el delito es igual de importante si lo comete alguien de origen español o de fuera", ha señalado la presidenta de la Comunidad, aunque como Casado también en relación con este asunto ha acusado al Gobierno central de no dar más recursos en materia de seguridad.

Como "populismo puro" se ha referido Inés Arrimadas (Ciudadanos) al cartel de Sol, aunque ha señalado que será la Justicia la que determinen si el mensaje que transmite supone un delito de odio. "Hay que ser una bestia para criminalizar de esa manera a menores", ha enfatizado el líder de Esquerra, Gabriel Rufián, uno de los más críticos, mientras que Íñigo Errejón, de Más País, ha tildado de "cobardes y miserables" a quienes "ponen en el disparadero a niños". 

Y en frente, y enrocados en su mensaje, los miembros del partido de Abascal, que defienden que la cifra que asocian al mantenimiento de los menores migrantes (4.700 euros mensuales) es "real" e insostenible, por lo que abogan por devolverlos a sus países de origen para destinar el dinero a "compatriotas". A través de las redes, además, han denunciado la vandalización de su cartel con pintadas y pegatinas. "Siempre violencia (...) somos Vox y no daremos un paso atrás", han escrito.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin embargo, ha desmentido las cifras que presenta la publicidad. La Consejería de Políticas Sociales ha indicado que actualmente hay 3.709 menores tutelados y solo 269 (el 7,2 %) son menores extranjeros no acompañados. 

En 2020 se dedicaron 96,1 millones de euros a mantener una red de 98 centros de acogida con 1.903 plazas, lo que arroja un coste mensual por plaza de 4.208 euros. "Pero no se puede interpretar esta cifra como la cantidad que la Comunidad destina cada mes" a los menores extranjeros no acompañados, subrayan desde la consejería, porque el coste depende, entre otras cuestiones, de las necesidades de cada menor, independientemente de su nacionalidad, su procedencia o su situación legal.

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