La Guardia Civil y Policía han puesto 271.000 multas en el segundo estado de alarma: estas son las CC AA con más sanciones

Agentes de Policía controlan el cumplimiento de las medidas anti Covid en Palma de Mallorca.
Agentes de Policía controlan el cumplimiento de las medidas anti Covid en Palma de Mallorca.
CATI CLADERA / EFE
Agentes de Policía controlan el cumplimiento de las medidas anti Covid en Palma de Mallorca.
Agentes de Policía controlan el cumplimiento de las medidas anti Covid en Palma de Mallorca.
CATI CLADERA / EFE

El segundo estado de alarma, decretado a finales de octubre de 2020 y que finalizará el próximo 9 de mayo, se ha saldado hasta el momento con 271.624 propuestas de sanción por infringir las restricciones impuestas contra la pandemia de coronavirus. Significa cerca de la cuarta parte de las sanciones que se propusieron durante el primer estado de alarma, entre marzo y junio de 2020, cuando ese número rebasó el millón., aunque entonces la cifra de Interior incluía las sanciones puestas por policías autonómicas y locales.

Según cifras del Ministerio de Interior proporcionadas a 20minutos, la cifra de propuestas de sanción abarcan desde el principio del segundo estado de alarma, el 25 de octubre de 2020, hasta el pasado domingo. 

Los últimos cuatro días corresponden a la Semana Santa, cuando se impusieron 8.590 propuestas de sanción por saltarse las restricciones y se practicaron 99 detenciones, la mitad de ellas en Madrid.

El recuento de Interior abarca solo a las propuestas hechas por agentes de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y no incluye las de policías locales o autonómicas. Ello explica el muy reducido número de sanciones efectuadas en Cataluña (32) y País Vasco (4), donde son los Mossos y la Ertzaintza las que mayoritariamente tienen esas competencias.

Propuestas de sanción por comunidades y provincias

  • ANDALUCÍA: 69.025
  • Almería: 7.537
  • Cádiz: 11.472
  • Córdoba: 5.289
  • Granada: 5.252
  • Huelva: 3.524
  • Jaén: 3.909
  • Málaga: 23.219
  • Sevilla: 8.823
  • ARAGÓN: 13.995
  • Huesca: 1.795
  • Teruel: 486
  • Zaragoza: 11.714
  • ASTURIAS: 13.995
  • BALEARES: 5.827
  • CANARIAS: 5.418
  • Las Palmas: 2.838
  • Santa Cruz de Tenerife: 2.580
  • CANTABRIA: 2.518
  • CASTILLA Y LEÓN: 546
  • Ávila: 970
  • Burgos: 2.640
  • León: 1.432
  • Palencia: 538
  • Salamanca: 2.109
  • Segovia: 891
  • Soria: 1.034
  • Valladolid: 1.502
  • Zamora: 845
  • CASTILLA-LA MANCHA: 8.454
  • Albacete: 1.42
  • Ciudad Real: 3.573
  • Cuenca: 1.479
  • Guadalajara: 367
  • Toledo: 1.609
  • CATALUÑA: 32
  • Barcelona: 6
  • Girona: 6
  • Lleida: 3
  • Tarragona: 17
  • COMUNIDAD VALENCIANA: 80.284
  • Alicante: 37.105
  • Castellón: 5.848
  • Valencia: 37.331
  • EXTREMADURA: 6.434
  • Badajoz: 4.514
  • Cáceres: 1.920
  • GALICIA: 18.366
  • A Coruña: 7.099
  • Lugo: 3.153
  • Ourense: 2.428
  • Pontevedra: 5.686
  • MADRID: 28.901
  • MURCIA: 5.004
  • NAVARRA: 886
  • PAÍS VASCO: 4
  • Álava 0
  • Guipúzcoa: 3
  • Vizcaya: 1
  • LA RIOJA: 6.393
  • CEUTA: 2.324
  • MELILLA: 2.454
  • TOTAL ESPAÑA: 271.624

Este número contrasta con las 1.142.127 denuncias que Policía y Guardia Civil formularon durante el primer Estado de Alarma. La diferencia radica en que en el primer estado de alarma el Ministerio de Interior era autoridad competente delegada, y centralizaba también las propuestas hechas desde policías autonómicas y locales. 

Sin embargo, a principios de marzo la diputada del PP Ana Vázquez reveló que, de ese millón de propuestas, solo 7.408 (un 0,64%) terminaron con expediente de sanción. 

Del más de millón de esas propuestas de sanciones, 286.980 fueron formuladas por Policía Nacional, 337.866 por Guardia Civil y 517.281 por las policías autonómicas y locales, según el documento compartido por la diputada Vázquez. 

Así, las sanciones propuestas por Guardia Civil y Policía Nacional sumaron 624.846, más del doble de las que han impuesto en este segundo estado de alarma.

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la representación mayoritaria del instituto armado, comentó a 20minutos que en este segundo estado de alarma hay más información, tanto para agentes como para los ciudadanos, lo que podría haber influido en la diferencia en el número de propuestas de sanción con respecto al primer estado de alarma.

"Los ciudadanos ya están más habituados a esta nueva convivencia, tienen más información sobre las restricciones", señala Carmona. "Está más normalizado".

Protestas de la Guardia Civil

En cuanto a las pocas propuestas de sanción que terminaron en expediente, la Asociación Unificada de la Guardia Civil expresó en un comunicado su "perplejidad porque cientos de horas de esfuerzo y sacrificio de guardias civiles y policías nacionales y locales, bajo condiciones de riesgo extremo de contagios y en no pocas ocasiones expuestos a reacciones airadas, hayan quedado de momento sin repercusión real sobre los infractores".

La asociación cuestionó si ese mínimo porcentaje se debía a una "gran acumulación de expedientes" o había otras razones. Y es que la imposición de las multas no es automática, sino que la propuesta es enviada a la correspondiente Delegación de Gobierno, que es la encargada de iniciar el expediente sancionador. Ante esa instancia, el afectado puede oponerse y si se mantiene la multa tiene aún la vía contencioso administrativa para impugnarla.

Carmona también destacó a 20minutos la falta de recursos materiales y de personal con el que tienen que enfrentar la tarea de vigilar el respeto a las restricciones. 

"Los agentes han desarrollado todos los controles con falta de medios", asegura. "Hay que cumplir con todas las tareas que ya se tenían asignadas antes de la pandemia, y ahora sumar las de las restricciones".

Además, expertos consultados por 20minutos manifestaron sus dudas sobre si una buena parte de ese millón de multas tenían un fundamento jurídico sólido. Ni la ley que regula el Estado de Alarma ni la Ley de Seguridad Ciudadana, que se invocó en muchas ocasiones para respaldar las multas, preveían las situaciones que se dieron durante la primera parte de la pandemia. 

No usar mascarilla, salir de casa en horario no autorizado o saltarse el perímetro se tipificaban como acto de resistencia a la autoridad, cosa que evidentemente no lo eran. Esas circunstancias hacían que la mayoría de las propuestas de sanción fueran claramente recurribles.

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