Así lo ha indicado Marín tras la pregunta formulada en el Parlamento andaluz por el parlamentario de Adelante Andalucía por Málaga y coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, quien ha recordado que el CIMI (Centro de Internamiento de Menores Infractores) San Francisco de Asís-La Biznaga es "el único público que queda en Andalucía" y ha criticado su cierre: "La privatización de este servicio público obligará a los menores a ir a otros puntos de Andalucía y a las familias a tener que desplazarse".
Ahumada ha recordado que el CIMI de Torremolinos da servicio a 15 menores y emplea a 100 trabajadores, entre educadores, personal de limpieza, cocina o vigilantes. Al respecto, Marín ha incidido en que se ha llevado a cabo un plan de redistribución de plazas precisamente para que los menores infractores "estén cerca de sus domicilios".
Así, ha asegurado que hay provincias "sobredotadas", como Almería y Cádiz, y, en el lado opuesto, Granada o Málaga, por lo que ha incidido en que se licitará un nuevo centro en Málaga con 50 plazas, frente a las 15 actuales; al tiempo que ha recordado a Ahumada que son 111 los empleados del CIMI actual, "que seguirán trabajando y va a haber que contratar más personal".
"Eso es lo que estamos haciendo, de 15 plazas pasamos a 50 y por primera vez habrá para hombres, para mujeres y terapéuticas", ha defendido en su intervención.
Ahumada ha criticado al Gobierno andaluz, incidiendo en que "no han venido a cambiar nada sino a seguir el manual de nuevas privatizaciones y a anteponer las visiones mercantilistas a la calidad de los servicios".
A juicio del dirigente de IU, los menores son los "directamente perjudicados pero también toda la sociedad en su conjunto porque este es un servicio esencial para educar a los menores con problemas y reinsertarlos".
Al respecto, ha añadido que la pandemia de la COVID-19 ha hecho un "testeo a la calidad de los servicios públicos", recordando que la sanidad pública "ha ganado por goleada a la gestión privada". Según Ahumada, "estamos saliendo de esta crisis con más privatización y precariedad y está a tiempo de rectificar y acertar vicepresidente del Gobierno del fraude" con respecto al cierre del CIMI de Torremolinos.
"Yo de verdad alucino, no sé de dónde se saca estas cuestiones", ha espetado Marín a Ahumada, al tiempo que ha incidido en cómo el sistema implantado en Andalucía en los últimos dos años está siendo "copiado" por países de Sudamérica e incluso en Bélgica.
También ha negado el consejero de Justicia la disminución de plazas, al contrario, ha aludido a la apertura del CIMI en Genil, Granada, con 12 millones de inversión y capacidad para más de 200 jóvenes: "Lo digo porque usted está diciendo que reducimos plazas".
Marín, por tanto, ha defendido el sistema de justicia juvenil de Andalucía y ha asegurado que de lo que se trata es de que estos jóvenes infractores estén "cerca de sus familias y de su entorno". "No se pierden empleos, no mientan más; ya está bien".
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