El Ministerio de Igualdad trabaja en lo que ha denominado el Plan Corresponsables, un conjunto de medidas que contemplan que por primera vez el Estado se haga cargo, junto a las familias, de garantizar el cuidado de los menores de 14 años. La secretaria de Estado, Noelia Vera, afirmaba en una entrevista con este diario que ya han alcanzado una propuesta de acuerdo con las comunidades autónomas, sobre las que recaen estas competencias, y auguraba que "pronto" llegará al Consejo de Ministros para que a partir de ahí puedan ejecutar el dinero en políticas de conciliación y cuidados. Las medidas de este plan sin embargo están llegando tarde para mujeres como Cleo o Sandra.

El 22% de las madres ha renunciado a todo o a parte de su trabajo para cuidar de sus hijos durante la pandemia

Las dificultades para conciliar suponen un problema estructural en España, con un marcado sesgo de género, que la pandemia por el coronavirus ha agravado. Hace unas semanas, el Club de las Malasmadres ponía cifras a una situación que venían sospechando desde el inicio de esta crisis: "Las madres están absolutamente desbordadas y sin apoyo y el coste de la pandemia lo están sufragando ellas".

Así, desbordada y sin apoyo, se ha sentido durante todo este año Cleo Pérez, quien justo el día que contactó con Malasmadres para exponerles su caso recibió una llamada de su empresa para comunicarle que estaba despedida. Corría el 10 de febrero y esta gestora comercial estaba cerca de reincorporarse a su trabajo tras una baja que duraba desde el 15 de diciembre. "Empecé a tener taquicardias por la noche y la doctora me dijo que llevaba una carga muy grande y que tenía que parar ya. Arrastraba mucha presión y debía descansar", relata.  

El confinamiento domiciliario impuesto el pasado marzo supuso para ella la puntilla a una tensión que ya venía acumulando. Una situación marcada por un divorcio reciente, que propició un cambio de casa en pleno estado de alarma, y un accidente de tráfico del que tampoco hacía mucho. En esas circunstancias pasó a tener que teletrabajar al tiempo que se hacía cargo de sus hijos, de 5 y 9 años. Dos niños que de la noche a la mañana se quedaron sin clases presenciales. "El padre enfermó de Covid al principio y después es farmacéutico. Tiene un empleo de jornada partida en el que acaba más tarde que yo", explica Cleo, quien tiene la custodia.

"Cuando el teletrabajo te permite organizar tú las horas o si convives con tu pareja es más fácil. Pero yo tenía que llamar a los clientes en el mismo horario en el que tenía que estar pendiente de los niños. En septiembre empezaron a ir a clase pero por la tardes la situación era la misma. Y con reuniones todos los viernes en las que la empresa nos exigía alcanzar unos números. Estamos en un año atípico, no pueden exigirnos lo mismo", se queja esta sevillana, a quien las circunstancias tampoco le han permitido echar mano de los abuelos ni ha podido contratar a alguien que la ayudara.

Mi marido no puede teletrabajar y a mí, que sí puedo, no me dejan

Ante todo esto, Cleo es consciente de que su productividad laboral no podía ser la misma pero está convencida de que, aunque el motivo oficial del despido ha sido no alcanzar el 100% de los objetivos que se le marcaron, la han puesto en la calle por estar de baja. "Si hubiese sido por no cumplir los objetivos habrían despedido también a otros compañeros", asegura y agrega que se ha sentido en inferioridad de condiciones respecto a ellos: "La empresa nos pedía lo mismo pero la sociedad implica muchas diferencias. En mi oficina todos los demás eran hombres y no tenían las mismas cargas familiares que yo. Si aun así les costaba llegar al 100%, ¿cómo no me iba a costar a mí?".

A esta mujer de 37 años le ha dolido especialmente que después de años trabajando para esa compañía le hayan entregado el finiquito sin llamarla antes para preguntarle qué estaba pasando. "Me despidieron estando de baja y mi empresa no se preocupó de que yo pudiera conciliar. Me hubiera gustado que me hubiesen escuchado y hubiesen entendido mi situación", lamenta y afirma que ni siquiera le dieron opción a plantear las propuestas que tenía pensadas.

Tampoco Sandra se siente apoyada por su empresa y considera que si la ley del teletrabajo, que entró en vigor en octubre, no obliga a ello, aunque sea en determinados supuestos, no va a ser la solución. Esta madrileña tiene un puesto que le permite trabajar desde casa sin problema pero su jefe no lo ve como una alternativa. "En marzo y abril se vio obligado a ello, pero desde la fase 1 de la desescalada ya nos dijo que teníamos que ir volviendo a la oficina", recuerda. 

Desde entonces, su hijo pequeño, de seis años -tiene otro de nueve-, ha tenido que dejar de ir al colegio en dos ocasiones al ser confinada su clase por casos positivos de coronavirus. "Mi marido no puede teletrabajar y a mí, que sí puedo, no me dejan. Él se tuvo que coger vacaciones para cuidar del niño y yo conseguí teletrabajar tres días pero me dijeron que no sirviera de precedente y que tenía que tener un plan B", señala. Sandra indica que el pueblo en el que vive tiene una incidencia de Covid altísima y no quiere recurrir a su madre porque le asusta ponerla en peligro si la hace desplazarse hasta allí. "No es justo ni humano. Si vuelven a confinar a alguno de mis hijos no sé que voy a hacer", concluye.

El 37% de los casos

Esta trabajadora forma así parte del 37% de las progenitoras a las que se les ha denegado el teletrabajo en este tiempo, según la encuesta de Malasmadres. Los datos apuntan también que el 22% ha renunciado a todo o parte de su empleo por cuidar de sus hijos durante la pandemia y de ellas, el 21% se ha acogido a excedencias o días sin sueldo; el 11% ha solicitado la reducción de jornada al 100%, también sin cobrar nada, y el 74% ha empleado sus días de vacaciones para atender a los menores durante los confinamientos preventivos.

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Para paliar circunstancias como esas, circunstancias a las que Cleo y Sandra ponen voz, el Plan Corresponsables prevé entre otras cuestiones, llevar a cabo la contratación pública de cuidadoras y cuidadores profesionales. Junto a él, al que se destinarán 200 millones de euros, Igualdad va a convocar una mesa de diálogo sobre cuidados y conciliación en la que reunir a diferentes actores con propuestas al respecto. Otra de las medidas, para lo que cuenta con el Ministerio de Educación, pasa por invertir otros 200 millones en la creación de plazas públicas en el primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años. 

"La renuncia, una vez más, se ha destapado como la única solución", ha alertado en varias ocasiones Laura Baena, presidenta de Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, y también en varias ocasiones ha lanzado un mensaje claro: "Ha llegado el momento de asumir esto como un problema de toda la sociedad y por supuesto de los partidos e instituciones".