Mientras el Gobierno central mantiene una dura lucha interna por la ley de vivienda, el Ejecutivo balear que lidera la socialista Francina Armengol se alinea con las tesis de Unidas Podemos. Este martes, el conseller de Movilidad y Vivienda de esa comunidad, el también socialista Josep Marí, firmó una resolución por la que el Govern expropia durante los próximos siete años el uso de 56 viviendas de grandes propietarios que han estado desocupadas durante al menos dos años.

Los inmuebles no pasarán a ser de titularidad pública, pero la administración sí obligará a ponerlos en régimen de alquiler social y se incorporarán a todos los efectos al parque gestionado por el Instituto Balear de la Vivienda. A cambio, el Govern pagará a sus propietarios un justiprecio para poder utilizar los pisos, aunque será considerablemente inferior al índice de referencia de precios de Baleares. En concreto, el Ejecutivo pagará una media de 391 euros mensuales por piso, frente al precio medio mensual de 624 euros que recoge el índice de precios: un 40% menos.

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Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos –27 en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza– pagarán un alquiler que siempre estará adaptado a su capacidad económica y nunca superará el 30% de sus ingresos, según explica el propio Govern. Y, si la cuota que pague el inquilino en función de sus ingresos no alcanza para cubrir la compensación al gran propietario, la administración asumirá la diferencia con recursos públicos.

La decisión tomada por el Govern balear se ampara en la ley de vivienda aprobada en 2018 en esa comunidad, que considera gran tenedor de vivienda a los propietarios de diez o más pisos. Esta norma obliga a estos propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que lleven dos años o más desocupados, y faculta a la administración a disponer de ellos en régimen de "cesión temporal" cuando "haya una necesidad objetiva de vivienda o haya dificultades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía".

Algo similar a nivel nacional

La medida que ha puesto en marcha el Gobierno balear de Armengol es, en líneas generales, la misma que plantea Unidas Podemos a nivel nacional para ampliar el parque público de vivienda de forma rápida: obligar a través de la nueva ley de vivienda a los grandes propietarios a ceder parte de sus viviendas vacías a la administración para que sean arrendadas en régimen de alquiler social. 

En concreto, los morados han propuesto en la negociación que los grandes tenedores estén obligados a ceder el 30% de sus pisos al alquiler social. Según sus cifras, podría aumentarse en muy pocos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles que, además, necesitarían de poca inversión para estar habitables.

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El PSOE, por el contrario, rechaza expropiar el uso de las viviendas como propone Unidas Podemos y como ha hecho Armengol. Los socialistas, a nivel nacional, coinciden con los morados en que hace falta más vivienda pública de alquiler en España. Pero prefieren aumentar la oferta construyendo y evitando forzar a los grandes propietarios a movilizar parte de sus viviendas a precios regulados.