Varapalo judicial para el Ministerio de Igualdad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe en el que rechaza los ejes fundamentales del anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí': el consentimiento expreso y la distinción entre abuso y violación. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que el informe va en “un camino regresivo” y ha asegurado que, al no ser vinculante, el Gobierno seguirá adelante con el articulado, cuyos proponentes son los ministerios de Justicia e Igualdad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "humildad" para "estudiar esas deficiencias y tratar de adaptarlas al marco jurídico".

En el que parece que será el último Pleno de los actuales vocales, cuyo mandato caducó hace dos años, los 20 miembros del CGPJ han apoyado de forma unánime el escrito, tal y como confirman fuentes judiciales a 20Minutos. Esto no es baladí. Al menos, no para Rosell, que ha recordado que recibieron "hace tres meses" la ley y ha dejado caer que no es casualidad que se hayan pronunciado en su último Pleno. 

Consentimiento, protección de menores, eliminar el delito de abuso... Así es la ley del 'solo sí es sí' que cuestiona el CGPJ

La ley de Igualdad vira sobre una petición histórica de los colectivos feministas: introduce en el artículo 177.1 del Código Penal la definición del consentimiento. "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto", reza la propuesta del departamento de Montero.

Dice el CGPJ que el problema no es "conceptual" sino "probatorio" porque introduce un"riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia" al "determinar un aparente desplazamiento de la carga probatoria". El Consejo Fiscal, que avaló el texto al contrario que el Poder Judicial, pidió agregar la frase "solo se entenderá que existe consentimiento cuando la mujer manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos" su voluntad. Rosell defendió el cambio recordando que la redacción del consentimiento la "exige" el artículo 36 del Convenio de Estambul de 2011.

Sobre el abuso y la agresión sexual, se contempla que pasarán a ser delitos distintos. Ambos tienen un tipo agravado que incluye la penetración, con penas de cuatro a diez años y de seis a doce, respectivamente. En el caso del primero no se considera violación al no mediar violencia o intimidación. La reforma elimina ese condicionante y lo simplifica todo: desaparece el delito de abuso, lo que obliga a una redefinición de las penas, que sus impulsores desmienten que se concrete en una rebaja. 

Según el CGPJ, esto "choca con el principio de proporcionalidad" porque "puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor".

Rosell, por su parte, explica que los planes del Ejecutivo tienen como objetivo pasar “de una concepción patriarcal del derecho donde el límite lo pone el no, a un sistema basado en el consentimiento libre donde los derechos se abren paso a partir de un sí consensuado y libre”. Recuerda la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que a la llamada Manada de Manresa, que violó en grupo a una menor de edad, no se les pudo condenar por violación por estar ella en estado inconsciente y no haber podido decir que no.

Además, la que fuera diputada de Unidas Podemos ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial, aunque con otros vocales, también criticó las ley contra la Violencia de Género de 2004 e, incluso, la del matrimonio igualitario.