Aunque hay coincidencia en la mayoría de los puntos, los agentes sociales no lograron cerrar este lunes un acuerdo para prorrogar los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19 que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros del martes. A Gobierno, patronal y sindicatos aún les separa un escollo fundamental: la pretensión de los empresarios –a la que se oponen el Ejecutivo y las centrales– de suavizar la cláusula que obliga a las empresas acogidas a un ERTE a devolver todas las deducciones percibidas si despiden a algún trabajador durante los seis meses posteriores a salir del expediente.

Así lo afirman fuentes conocedoras del contenido de la reunión que mantuvieron este lunes los agentes sociales con el Ministerio de Trabajo, un encuentro que duró algo menos de tres horas y que sirvió para confirmar que el grueso de las características de los ERTE pactadas en septiembre seguirán vigentes, como se puso encima de la mesa el pasado viernes. Según estas fuentes, si no hay cambios los ERTE por fuerza mayor que estén vigentes el 31 de enero se prorrogarán automáticamente, y si la empresa no ha podido aún reabrir o devolver a la actividad a la mayor parte de su plantilla y pertenece a un sector especialmente afectado por la pandemia, así como si depende sensiblemente de uno de estos sectores, tendrá exenciones de entre el 75% y el 85% de las cuotas de sus trabajadores.

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De igual forma, se prevé que sigan en marcha los dos tipos de ERTE creados el pasado septiembre: los conocidos como expedientes "por impedimento" y los ERTE "por limitaciones". Los primeros están destinados a cubrir a las empresas que tengan imposible abrir por las medidas tomadas para contener los rebrotes, como es por ejemplo el caso de algunos hoteles en zonas turísticas, mientras de los segundos pueden beneficiarse aquellas empresas que se vean afectadas por estas restricciones pero que sí puedan mantener al menos una parte de su negocio, como pueden ser los bares perjudicados por limitaciones de aforo u horarios.

Al igual que se acordó en septiembre, cualquier empresa, pertenezca al sector que pertenezca, podrá beneficiarse de estos ERTE si cumple los requisitos y demuestra que le perjudican las medidas tomadas para combatir la pandemia. El problema está en el día después de que la compañía en cuestión salga del ERTE, ya que CEOE y Cepyme insisten en que será inevitable para muchas empresas hacer ajustes de plantilla y este lunes no dejaron de pedir que se suavice la cláusula de endurecimiento del despido, algo que para algunas fuentes sindicales consultadas supone dar vía libre para extinguir contratos mientras se cobra dinero público.

La negociación sigue el próximo jueves

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La patronal insiste en que, si la empresa despide a un trabajador antes de que transcurra medio año desde que salió del ERTE, solo deba devolver las ayudas percibidas por dicho empleado en lugar de tener que devolver todas las exenciones; o, en su defecto, pide que se reduzca el número de meses que el empresario está obligado a mantener todos los puestos. Trabajo lo rechaza tajantemente, aunque fuentes sindicales temen que los empresarios vayan a mantener su presión para tratar de crear una brecha en el Gobierno entre el ministerio que lidera Yolanda Díaz y el sector ortodoxo que encabeza la titular de Economía, Nadia Calviño.

El Ejecutivo, la patronal y los sindicatos se han citado de nuevo este jueves para seguir negociando. El objetivo sigue siendo tener un acuerdo listo para el próximo viernes día 15 que pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros de la semana que viene. CC OO es optimista al respecto, tal y como reflejó en Twitter su secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, aunque UGT no lo ve tan claro. CEOE y Cepyme, por el momento, no se han pronunciado.