En total, se han controlado 2.094 toneladas de productos agrícolas (cítricos, caquis, granadas o uvas) en 277 inspecciones en almacenes y explotaciones de 41 poblaciones valencianas. También se han identificado 612 vehículos, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El principal objetivo de las inspecciones en almacenes y explotaciones hortofrutícolas ha sido la detección de personas que trabajaban sin contrato y el cumplimiento, por parte del empresariado, de las condiciones laborales de aquellos trabajadores y trabajadoras que sí disponían de contrato.

El otro punto de actuación ha sido el control de la procedencia de los productos del campo. En este sentido, se han realizado intensas comprobaciones de la trazabilidad a distintos niveles, ha indicado la Administración.

En primer lugar, con el control de que los transportistas poseyeran el documento de acompañamiento de trazabilidad agrícola (DATA) y, en segundo, cerciorándose de que su distribución en almacenes e incluso en fruterías fueran correctas y legales.

Además, la Policía de la Generalitat ha levantado 14 actas por incumplimiento de la normativa Covid y otras 25 por cuestiones relacionadas con drogas y armas.

El subinspector del grupo de Respuesta de la Policía de la Generalitat, Juan Rodríguez Carrascosa, ha explicado que se han realizado "multitud" de inspecciones. "Hemos descubierto a muchas personas en situación irregular explotadas laboralmente, evitando también que se puedan robar cítricos o caquis en diferentes zonas de la Comunitat Valenciana", ha remarcado.

Este operativo contra la economía sumergida se ha realizado con la colaboración "estrecha" de diversos organismos implicados en la lucha contra el fraude. Así, se han articulado grupos mixtos de actuación en los que ha participado el servicio de inspección de Empleo y Seguridad Social, así como agentes de la Guardia Civil con sus equipos ROCA, la Policía Nacional y diversas policías locales.