Galicia quiere multar con hasta 3.000 euros a quien no se vacune contra el Covid o se niegue a hacerse un test

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa.
XUNTA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado con el Partido Popular una propuesta por la cual se sancionará a aquellas personas que no se vacunen contra el coronavirus una vez que el fármaco esté disponible, o que se nieguen a someterse a una prueba PCR.

La medida será posible gracias a la reforma de la Lei de Saúde, que permitirá ahora multar a quienes incumplan las nuevas restricciones relacionadas con el coronavirus o pongan en peligro la salud pública. En este sentido, la propuesta distingue tres niveles de infracción: el nivel leve, cuya sanción oscila entre los 100 y 300 euros, el nivel grave, que conlleva multas de 3.000 a 60.000 euros, y por último el nivel muy grave, que podría elevarse hasta los 600.000 euros.

La propuesta, registrada hoy jueves en el parlamento gallego, acerca una serie de modificaciones a la Lei de Saúde que, en el caso de las vacunas, contemplan como infracción la "negativa injustificada al sometimiento a medidas de prevención, consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias".

De la misma manera será propuesto para sanción quien, de forma injustificada, se niegue a someterse a un "reconocimiento médico o a la realización de pruebas diagnósticas prescritas legítimamente por los profesionales sanitarios o por las autoridades sanitarias con la finalidad de detección, seguimiento y control" de la enfermedad, punto que se refiere a las PCR y otro tipo de tests.

Ambas infracciones constituyen una falta leve, según expone el documento, en la misma categoría que incumplir el toque de queda, la hora de cierre de establecimientos, no llevar mascarilla, y todo tipo de incumplimientos de las medidas básicas decretadas. Esta categoría conlleva multas de hasta un máximo de 3.000 euros.

Las infracciones graves, cuya sanción oscila entre los 3.000 y 60.000 euros, engloban la denegación de apoyo o auxilio a las autoridades, el incumplimiento de las instrucciones emitidas por las mismas, organización de fiestas, saltarse el confinamiento y/o cuarentena en caso de ser positivo en coronavirus, negarse a facilitar datos propios e información, así como la oposición de resistencia a las autoridades sanitarias y sus agentes.

¿Crees que debe obligarse a los ciudadanos a vacunarse contra el coronavirus?

Por último, las infracciones muy graves que conllevan multas de hasta 600.000 euros contemplan no cumplir el confinamiento y/o cuarentena en caso de positivo en coronavirus de manera reiterada y la repetición de una o varias faltas graves.

La aprobación de la propuesta está sujeta a su valoración en el parlamento gallego, en el cual el Partido Popular goza de mayoría absoluta por lo que es altamente probable que la medida vea la luz verde. Si bien se trata de una noticia que levantará polémica, el ministro de Sanidad Salvador Illa ha dicho que imponer la obligatoriedad de vacunación "no es recomendable".

Posible choque con Sanidad

De aprobarse la propuesta del Partido Popular gallego supondría una contradicción con lo previsto de manera provisional por el Ministerio de Sanidad, que apostó por ofrecer la vacuna a los ciudadanos de manera voluntaria. Exigirla de forma obligatoria forzaría a realizar "cambios legales", según fuentes conocedoras del encuentro del pasado lunes entre la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y las asociaciones científicas, médicas y de enfermería.

Según el último CIS, un 43,8% de la población encuestada no se pondría la vacuna de forma inmediata, mientras que el 40,2% que aseguró que sí lo haría. Según un estudio del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería, el 50 % de estos profesionales querría tener más información sobre la vacuna antes de inmunizarse. Si la vacuna comportase efectos secundarios adversos notables y perjudiciales, los gobiernos que decretasen la vacunación obligatoria podrían enfrentarse a demandas en masa.

Aunque el ministro de Sanidad Salvador Illa ha reconocido que "no es recomendable" decretar una vacunación obligatoria a la población, Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en esclarecer sus intenciones acerca de cómo gestionar la campaña de vacunación que se espera cuando las dosis del fármaco lleguen al país.

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