La portavoz del PSOE en la comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea, es una de las autoras de las 22 recomendaciones que deben servir como base para la nueva legislación de pensiones. Y, en conversación con 20minutos, tiene claro que el sistema público tiene "margen" de sobra para ser sostenible.
¿Cómo valora el acuerdo para las recomendaciones aprobado en el pleno del Congreso?
Es un antes y un después en la política española, por las formas y por el fondo. El proceso de renovación de estas recomendaciones ha sido de cuatro años, desde posiciones muy confrontadas, y hemos llegado a un punto de encuentro en un texto por unanimidad. Y eso es importante, porque se pone negro sobre blanco qué sociedad queremos ser en el futuro.
¿Sigue en pie el compromiso de derogar la reforma de las pensiones de 2013, que el PP aprobó sin consenso?
Lo ha dicho hasta el ministro: la Covid no afecta a la propuesta de sostenibilidad del sistema. Es más, en la comisión [del Pacto de Toledo], el portavoz de Vox dijo que cómo íbamos a aprobar este papel mojado con la que está cayendo, y yo le dije que a ver si ellos pretendían hacer un recorte en pensiones con la excusa de la Covid. El ministro ha dicho que no, que la Covid no afecta a las medidas para hacer sostenible el sistema. Y todos tenemos claro que van a hacer falta más ingresos.
Precisamente para conseguir más ingresos, se recomienda que la Seguridad Social se financie en parte en base a los Presupuestos Generales del Estado.
El mercado laboral tiene que seguir nutriendo el sistema público de pensiones. La diferencia es que el Estado se va a tener que hacer cargo de aquellos gastos que a la Seguridad Social no le corresponden, como las políticas activas de empleo, los incentivos a determinados regímenes o las prestaciones no contributivas. Y además, sabemos que de aquí a 2050 el número de pensionistas va a pasar de 9 a 16 millones. Somos capaces de asumir ese gasto, porque hoy nuestro gasto en pensiones es menor que el de países como Alemania, Francia o Italia, hay margen de maniobra. Y estos Presupuestos ya dan un paso muy importante, porque nunca se había hecho una transferencia tan potente, de 14.000 millones de euros, a la Seguridad Social.
¿Se plantea la posibilidad de establecer un impuesto específico para financiar la Seguridad Social?
Se ha abordado en la comisión del Pacto de Toledo, pero no está reflejado en las recomendaciones. El mercado laboral ha de volver a nutrir el sistema, pero donde realmente está el mecanismo para generar otros ingresos es en los Presupuestos Generales del Estado.
¿Cómo se puede rellenar la hucha de las pensiones, como plantean en sus recomendaciones, en un momento de enorme bajada de los ingresos por la Covid?
Se va a rellenar con los excedentes que determinemos, por ejemplo, los de la cotización por desempleo. Siempre hay partidas que se sobredotan y hay un excedente a final de año. El fondo de reserva genera una sensación de seguridad en la ciudadanía, y la voluntad del Pacto de Toledo de que se continúe dotando de excedentes para recuperar lo que estos años ha perdido, es un compromiso.
"Hagamos la pregunta al revés. ¿Consideramos la revalorización de las pensiones como una inversión o como un gasto?"
Se ha pactado volver a vincular las pensiones con el IPC. Con la crisis que viene, ¿cómo va a pagarse esa revalorización obligatoria? Porque la Seguridad Social va a ver reducidos sus ingresos.
Hagamos la pregunta al revés. ¿Consideramos la revalorización de las pensiones como una inversión o como un gasto? Porque si lo consideramos una inversión, estamos garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas de hoy y de mañana. Si en 2040, que seremos 16 millones de pensionistas, las pensiones se redujeran entre un 20% y un 30%, como estaba previsto en la reforma del PP, habría un crack económico, porque de 50 millones de personas habría 16 millones sin capacidad de consumir. Y además, tenemos capacidad para incrementar las pensiones con el IPC, lo que tenemos que hacer es hacer sostenible el sistema de forma quirúrgica, y estas recomendaciones hacen eso.
¿Considera el Pacto de Toledo, como planteó el ministro Escrivá, que es necesario retrasar la edad real de jubilación para acercarla a la edad legal?
Hoy en día, hay personas con profesiones que pueden alargar su edad de jubilación a los 67 años de forma perfectamente factible, un ceramista, un notario o un abogado, por ejemplo. Y, por otra parte, hay profesiones, como por ejemplo un conductor de autobús o una empleada del hogar, a las que a lo mejor con 63 años hay que buscarles una segunda actividad, que en la empresa privada puede ser, por ejemplo, de formación. Y lo que dicen las recomendaciones es precisamente esto: que hay que analizar qué profesiones sí pueden alargar la edad de jubilación y qué profesiones no.
¿Cómo se va a evitar que personas que han trabajado toda su vida y fueron duramente golpeadas por la crisis de 2008 y por esta de 2020 no terminen recibiendo una pensión muy baja por su mala suerte en los últimos años de su vida laboral?
En primer lugar, se deja claro en las recomendaciones que las mujeres tenemos carreras de cotización desiguales y peor retribuidas, y eso hay que vigilarlo. En segundo lugar, se plantea que, en carreras de cotización largas que excepcionalmente se encuentran con una crisis como la actual, hay que buscar fórmulas que no penalicen los últimos 35 o 37 años. Y se plantean fórmulas para que se puedan descartar los años que menos convengan, o que se pueda elegir para el cálculo de la pensión el tramo de vida laboral que mejor vaya al trabajador.
¿El Pacto de Toledo se plantea la posibilidad de poner en marcha instrumentos polémicos como la mochila austríaca?
No. Es más, se establece que el sistema público de pensiones es de reparto, y nos oponemos a cualquier transformación radical.
¿Por qué no se recomienda la subida de la cotización a la Seguridad Social de las rentas más altas?
No nos parece mal que se vayan subiendo las bases de cotización, lo que no se va a subir es la pensión en proporción, así que tendrá que hacerse de forma equilibrada.
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