El límite a los alquileres abusivos ha abierto una nueva vía de agua dentro del Gobierno, justo cuando los dos socios, PSOE y Unidas Podemos, ultiman el borrador de Presupuestos. El viernes pasado, el vicepresidente Pablo Iglesias, recibió al Sindicato de Inquilinos y las prometió que presionaría en el seno del Ejecutivo para que la limitación de los alquileres sea una realidad antes de que termine el año. Sin embargo, desde el flanco socialista del Gobierno se mantiene la resistencia a estos planes. Los ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, llevan desde este lunes frenando los planes de Iglesias. En lugar de limitar los alquileres antes de que se aprueben los Presupuestos como quiere el líder de Podemos, aseguran que este compromiso no será una realidad hasta que no esté aprobada la Ley Estatal de Vivienda, que no está previsto que llegue hasta el Congreso hasta final de año o principios del que viene y que podría no entrar en vigor hasta mitad de 2021.

"El ministro Ábalos anunció que la Ley de Vivienda contemplaría todas las medidas de las que estamos hablando", ha indicado Montero este martes, que ha descartado que el ritmo legislativo que requiere esta nueva norma pueda coincidir con la aprobación de los Presupuestos, que el Gobierno querría ver aprobados antes de final de año para que puedan entrar en vigor en enero. Si no el día 1, unas semanas después, con una prórroga "técnica" de las cuentas en vigor, del PP para 2018.

El Gobierno promoverá el "alquiler asequible"con vivienda pública y los inquilinos exigen actuar sobre el alquiler privado

Los plazos que contemplan los dos socios del Gobierno para poner freno a los alquileres abusivos son muy distintos. Iglesias ha prometido a los Sindicatos de Inquilinos de las distintas comunidades que presionará para que sea una realidad antes de que termine el año. Por el contrario, la parte socialista sitúa ahora esa medida en la nueva Ley Estatal de la Vivienda que, en principio, no preveía actuar más que sobre el alquiler público, incrementando la oferta, pero no sobre el alquiler privado, al que le han pedido los colectivos de sindacatos.

En todo caso, todavía quedan bastantes meses para conocer el resultado final de la norma. El Ministerio de Transportes dio un primer paso con el lanzamiento de una consulta pública hace un mes. Después se elaborará un anteproyecto de ley que deberá contar con informes preceptivos antes de convertirse en un proyecto de ley. Esta norma forma parte del Plan Normativo del Gobierno para 2020, así que en teoría el Consejo de Ministros debería aprobarlo antes de que termine el año. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Ábalos cuentan ya con que pueda producirse un pequeño retraso y, en lugar de finales de año, el Gobierno dé luz verde a principios del que viene.

Solo entonces llegará al Congreso, donde deberá iniciar un trámite parlamentario que durará meses. La última regulación sobre alquileres se aprobó por decreto, una fórmula de urgencia a la que los ministros socialistas no piensan recurrir en esta ocasión. En su lugar, será un proceso que deberá ser calificado por la Mesa del Congreso, pasar al Pleno para su toma de consideración y después a la comisión parlamentaria con trámite de enmiendas.

De esta manera, todo se retrasará bastante más allá de los Presupuestos de 2021, que Montero espera que entren en vigor bastante antes de que se apruebe la ley de Vivienda, aunque este martes ha revelado que las Cuentas incluyen ya alguna partida par apoyar esta norma.

"El ministro de Transportes está trabajando en el proyecto de ley" , ha reiterado Montero, que ha insistido en separar esta norma con el límite temporal que plantea Iglesias para poner freno a las rentas abusivas a final de año.

Los inquilinos presionan

Preguntas y respuestas sobre la nueva ley catalana que regula el precio de los alquileres

Mientras tanto, las organizaciones a las que Iglesias prometió presionar en el Gobierno para limitar ya los precios de los alquiles han seguido este martes aumentando apoyos a que se generalice una normativa como la que se acaba de aprobar en Cataluña.

El Sindicato de Inquilinos ha informado de que ya son "9.000  organizaciones que piden al Gobierno que regule los alquileres". Entre ellas, ONCE, Caritas, Cruz Roja, Ecologistas eejo de Juventud de España y FACUA.