Los preparativos de la nueva Ley de Vivienda están a punto de echar a andar. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado que este viernes se lanzará una consulta pública para que las entidades y organizaciones interesadas puedan hacer sus aportaciones para una futura ley con la que el Gobierno quiere promover la construcción de vivienda protegida para el "alquiler asequible". La iniciativa ha sido bien recibida en el sector, donde, sin embargo, el colectivo de inquilinos apunta que el Gobierno también debe actuar sobre el mercado privado del alquiler. Es allí, dicen, donde se producen los "abusos" y porque "harían falta 50 años" para que la vivienda pública cubriera las necesidades de demanda alquiler.

Sin embargo, esa no es la intención del Gobierno. Fuentes de Ministerio recuerdan que en 2019 ya se modificó la Ley de Arrendamientos urbanos y que los que persigue la nueva ley será "armonizar" las leyes autonómicas que existen en materia de vivienda, por ejemplo en términos fiscales o en la definición de lo que debe entenderse por "vivienda vacía" para poder actuar sobre sus dueños para que la pongan en alquiler.

Durante la presentación del Boletín Especial de Vivienda Social elaborado por su Ministerio, Ábalos ha dejado claro que uno de los focos principales de la nueva ley será el fomento de la vivienda pública, no para destinar a la venta como hasta ahora, sino para orientarla al alquiler social. De momento, el llamado Plan 20.000 para la promoción de alquiler social en localidades con un mercado tensionado planea ya las primeras actuaciones Madrid, Málaga y Valencia y se integrará en la ley de Vivienda. "Oferta de vivienda a precios asequibles", ha dicho Ábalos.

El objetivo del Gobierno es elevar el "bajo" parque de vivienda pública con fines sociales, uno de los "problemas" de la vivienda en España que ha identificado Ábalos un día antes de lanzar la consulta para empezar a escuchar propuestas. Además, muchas de esas viviendas precisan reformas y que el "acceso a la vivienda se ha dificultado". “Los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en las grandes ciudades y tienen que dedicar una parte demasiado alta para pagar alquiler”, ha dicho.

La consulta pública es el primer paso para la elaboración de una ley que Ábalos había acordado con las partes interesadas en ir discutiéndola en este cuarto trimestre del año. Este paso previo dará lugar al anteproyecto de ley y, según los planes legislativos del Gobierno, el proyecto de ley debería estar listo para finales de este año, como mucho a principios de 2021, indican en el Ministerio.

La de vivienda social es un fenómeno menguante. Según los datos del Ministerio, en la actualidad hay 290.000, el 1,6% de los hogares, ya sea propiedad de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, cuando entre 1981 y 2019 se construyeron 2,3 millones. 

En cuanto a la vivienda protegida destinada al alquiler, el departamento de Ábalos constata que "ha sido muy limitada a lo largo de las últimas cuatro décadas", en comparación con la vivienda destinada a la venta. "En 2019 apenas se construyeron 1.031 viviendas protegidas en alquiler", señala el Boletín.

Esta es la tendencia que quiere revertir la ley que prepara Ábalos. El objetivo es construir vivienda social pero no destinada a la venta, ya que de esta manera la inversión pública se pierde al cabo de los años, cuando el propietario vende a otro particular o a un fondo buitre. El cambio es que la vivienda pública se destine al alquiler social, que hace que la titularidad pública no se pierda. El ministro ha apostado por "un parque de vivienda para alquiler social que cumpla esta función y permanezca siendo público, como ocurre en otros lugares de Europa" como Dinamarca, Suecia, Francia o los Países Bajos.

De cara a la nueva ley, el ministro ha subrayado que se necesita "suelo" y ha adelantado que pedirá la colaboración no solo de las administraciones públicas, también del sector privado.

Sector privado

La inversión en vivienda pública para destinar al alquiler ha sido bien acogida este jueves por dos de los principales grupos de interés a los que también se abrirá la consulta pública, que sin embargo, discrepan sobre cómo debería abordarse el mercado privado del alquiler. Ábalos no ha mencionado este aspecto, pero tanto el Sindicato de Inquilinos como la Confederación  Nacional de Agentes y Empresas Inmobiliarias (CNAEI) entienden que también se verá afectado por la ley de vivienda.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña (Sindicat de Llogateres i Llogaters), Jaime Palomera, es imprescindible que se actúe sobre el mercado privado, porque es donde se encuentra el 98% de las viviendas en alquiler y donde se producen los "abusos" que denuncia su colectivo. "No podemos esperar 50 años a que haya vivienda pública" suficiente, explica. Ábalos ha mencionado como ejemplos a seguir países europeos con  elevada vivienda pública, Países Bajos o Austria, que Palomeras subraya que son los que "también ha regulado el mercado privado porque porque han visto que por mucha vivienda pública que haga, hay tales presiones especulativas en el mercado privado que no vas a poder evitar que haya abusos y burbujas".

Preguntas y respuestas sobre la nueva ley catalana que regula el precio de los alquileres

El Sindicato de Inquilinos ha sido uno de los actores de la nueva ley del alquiler de Cataluña, que por primera vez contempla métodos para regular e incluso bajar los arrendamientos. De cara a la ley de vivienda estatal que se empezará a negociar a partir de ahora, propone "medidas de urgencia" , como imitar a otros países europeos, donde un propietario solo puede revocar un contrato de alquiler si necesita el piso para sí mismo o para un familiar.

La Ley de Vivienda es el instrumento donde el Gobierno anunció que incluiría una definición clara del concepto "vivienda vacía" para actuar contra ella. La nueva ley de Cataluña la considera así cuando lleve dos años sin ocupar, por ejemplo. Con esta definición, Palomera considera que la ley deberá incluir penalizaciones fiscales -por ejemplo, "cuadruplicar" el IBI- para los propietarios que no pongan ese piso al "uso social".

En el ámbito fiscal, el Sindicato de Inquilinos exige la eliminación de las socimis, las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario que también existen en otros países europeos, donde disfrutan de desgravaciones e incentivos fiscales precisamente por favorecer la vivienda social. Todo lo contrario de lo que ocurre en España, dice Palomera, donde "no pagan impuestos de sociedades o de transmisiones a cambio de nada". 

Atractivo para la inversión

Frente a estas demandas, la CNAEI se encuentra en una posición diametralmente opuesta y pide que la intervención sobre el mercado privado del alquiler en la nueva debería ir en el sentido de hacerlo "atractivo" para la inversión.

"Es evidente que el sector privado tiene que participar" en la ampliación del stock de viviendas , dice Montserrat Junyent, que espera que "no suceda lo que ha sucedido en Cataluña, que la carga de dar respuesta a la necesidad de vivienda social recae única y exclusivamente en e sector privado".

Por el contrario, ante la elaboración de la ley, la  CNAEI espera que "se establezcan criterios de colaboración" y que el sector privado considere "atractivo invertir en el mercado de la vivienda".