La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dado el visto bueno a un auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza que permitió desalojar el pasado 28 de julio a 22 personas que se encontraban en el interior de un hotel de la ciudad que llevaba cerrado desde el año 2011.

Tanto el Tribunal como la Fiscalía avalaron esta medida cautelar ante la usurpación de un inmueble de propiedad jurídica asegurando que "el fenómeno social de la okupación no consentida por el propietario propicia una perturbación del orden público".

Sin embargo, este auto resulta novedoso porque en anteriores ocasiones, los bancos y otras entidades que veían ocupados sus edificios y abrían un procedimiento de desahucio tardaban varios meses. El desalojo exprés, de hecho, solo servía de manera cautelar en situaciones de allanamiento de morada de una vivienda, ya fuera la habitual o segunda residencia, siempre y cuando perteneciera a un particular. 

Los magistrados basan su auto en otras resoluciones de audiencias provinciales y sacan a colación la reciente instrucción de la Fiscalía General del Estado del pasado mes de septiembre que, según el tribunal provincial, "en sus consideraciones preliminares se pone e manifiesto que la realidad social evidencia que la okupación constituye un fenómeno que genera preocupación social y una innegable sensación de inseguridad ciudadana".

Ante esto, señalan que "siguiendo la doctrina constitucional, la presunción de inocencia opera como regla de juicio en el sentido de que para adoptar una medida cautelar es suficiente la concurrencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo y de la participación del mismo del investigado, indicios que no deben confundirse con la existencia de prueba de cargo suficiente para destruir la citada presunción", que solo se valora en una sentencia. En este caso de okupación, un delito contra la propiedad.