El ocio nocturno exige la dimisión de Vergés por cambiar de opinión y no permitir la reapertura de locales

Trabajadores del sector del ocio nocturno con carteles de protesta delante del Palau de la Generalitat, el 5 de octubre de 2020.
Trabajadores del sector del ocio nocturno con carteles de protesta delante del Palau de la Generalitat, el 5 de octubre de 2020.
ELISENDA ROSANAS/ACN

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha exigido a la consellera de Salud, Alba Vergés, una rectificación sobre la paralización de la reapertura de los locales de ocio nocturno y, si no es así, la dimisión. El Procicat aprobó el martes la reapertura de discotecas y, 24 horas después, Salud dio marcha atrás y paralizó la medida.

En un comunicado, Fecasarm ha criticado los cambios de criterio "repentinos" y ha alertado de que muchos empresarios ya han sacado a trabajadores de los ERTE, han comprado producto e incluso vendido entradas y cobrado reservas a clientes. La organización ha insistido que la decisión ha llegado "poco más de 24 horas después" de que la misma Generalitat aprobara la reapertura con limitaciones. La organización ha acusado Vergés de "arruinar" a 30.000 familias y ha anunciado reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Cerrados desde el 24 de julio

Fecasarm ha apuntado que este no es el primer cambio de criterio del Departamento de Salud, que ya dio marcha atrás en la apertura de las discotecas 72 horas después de permitir que abrieran con el fin del estado de alarma. Posteriormente, pudieron abrir hasta el 24 de julio sin pista de baile y desde entonces se decretó nuevamente su cierre. "Desde aquella fecha, 24 de julio, los contagios en Cataluña no han hecho más que aumentar y el responsable no ha sido el ocio nocturno", ha defendido la Fecasarm.

En esta ocasión, ha afirmado que la propia Generalitat había reconocido que las actividades de ocio nocturno legal "eran un claro aliado de cara a luchar contra el botellón" y había anunciado la reapertura, pero aun así se ha hecho atrás.

Acusan a Vergés de arruinar a 30.000 familias

El secretario general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha afirmado que lo que ha hecho Salud "no tiene nombre" y ha expresado su indignación: "Han jugado nuevamente con el pan de más de 30.000 familias que no se merecen lo que les están haciendo, dejándoles en la estacada sin ninguna ayuda económica", ha manifestado. Boadas ha insistido en que el ocio nocturno legal no es el culpable del aumento de contagios sino que además "puede aportar una buena parte de la solución" y ha lamentado que no les han dejado "ni siquiera demostrarlo".

Ante esta situación, Boadas ha asegurado que la consellera Vergés "es la responsable de haber arruinado más de 30.000 familias con sus decisiones equivocadas, ineficaces y contraproducentes". Ha añadido que si la consellera no hubiera decidido cerrar todos los locales de ocio nocturno el 24 de julio "ahora la situación estaría mucho más controlada y habría muchos menos contagios puesto que no se hubieran producido ni la cuarta parte de los botellones y fiestas ilegales que se han producido".

La publicación en el DOGC, un "engaño"

Fecasarm ha acusado también a Vergés de haber actuado "a traición engañando el sector" y de haber "jugado con el pan de sus hijos". Ha hecho referencia al hecho que el secretario de Salud, Marc Ramentol, atribuyó este miércoles por la mañana a problemas de procedimiento jurídico la no publicación de la resolución se abre la apertura en el DOGC, "cuando realmente no había ninguna intención de publicarlo".

Por otro lado, la organización ha criticado "una parte del sector que consideraba insuficiente el acuerdo con la Generalitat y que no lo aceptaba si no se concedía la pista de baile". Esto es según la Fecasarm "totalmente temerario" en estos momentos los ha acusado de "tensar demasiado la cuerda" y debilitar el acuerdo.

Fecasarm se ha adherido a la Plataforma de Empresarios Afectados por la Covid-19, que está preparando una reclamación colectiva para pedir responsabilidad patrimonial al Estado y a las comunidades autónomas por su "funcionamiento anormal" durante la pandemia. En este sentido, ha anunciado que "en breve" empezarán a presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado y la Generalitat y después irán al Tribunal Supremo (TS).

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