La palabra 'okupa’ ha superado su récord de búsquedas en Google en España durante los últimos meses, según Google Trends. Las redes sociales y las tertulias televisivas también se han llenado de debates sobre el tema. Pero, ¿a qué se debe esta creciente preocupación?

El foco de las ocupaciones de inmuebles se pone a menudo en Cataluña y, concretamente, en ciudades como Barcelona, donde algunas entidades, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres i Llogaters (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos) denuncian un creciente “alarmismo” sobre esta cuestión.

¿Pueden entrar en mi casa cuando yo no esté?

Desde la PAH de Barcelona aclaran que, cuando se habla de okupación, se habla de “recuperación” de viviendas vacías que pertenecen a bancos o a fondos de inversión y que no están “cumpliendo su función”. En ningún caso el término se refiere a entrar en el domicilio habitual o en la segunda residencia de un particular, sobre lo que, puntualizan, es “allanamiento de morada y va por otra línea. No hay que confundirlo”.

El Sindicat de Llogateres i Llogaters asegura que, en caso de allanamiento de morada, ya existen mecanismos para actuar en menos de 48 horas y que, además, aunque hay pocos datos al respecto, los que tienen muestran que se trata de un hecho muy marginal, “anecdótico”.

"Criminalizar al más pobre tiene el objetivo de crear una lucha del último contra el penúltimo"

Los 'matices' de la Fiscalía contra los okupas: ¿qué diferencia hay entre allanamiento de morada y usurpación?

“Este miedo a que se metan en una casa que está vacía porque los dueños están de vacaciones es falso y provoca que los propietarios se preocupen por problemas que no son los suyos”, señalan. Desde la PAH advierten que criminalizar al más pobre tiene el objetivo de "crear una lucha del último contra el penúltimo”.

¿Quién okupa?

En la PAH de Barcelona sostienen que el perfil habitual de personas que acuden a ellos en busca de asesoramiento son familias con menores a cargo que vienen de un proceso de desahucio. Cuentan que algunas llegan porque el banco les ha quitado la vivienda, pero ellos se han quedado en ella, y otras porque han sido desahuciadas y, para no estar en la calle, han ocupado un piso de un banco o de un fondo de inversión que estaba vacío.

La plataforma presentó en verano un informe que indica que el 61% de las familias que se ven abocadas a ocupar una vivienda tienen menores a cargo y que el 74% de las personas que ocupan son mujeres. “Somos el eslabón más débil porque somos las peor pagadas”, apuntan.

La PAH de Barcelona asesora a las personas que se encuentran en esta situación para que acudan a servicios sociales y a la oficina de vivienda para descubrir de quién es la propiedad y, así, poder hacer un acercamiento para conseguir un alquiler social.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señaló hace unas semanas en una entrevista en Betevé que no todas las ocupaciones pueden tratarse por igual y que apuesta por que la ley distinga "lo que es un pequeño propietario de un gran propietario y lo que es una familia vulnerable de los que son delincuentes que usan la ocupación para delinquir".

Desde el Sindicat de Llogateres i Llogateres aclaran que no niegan que existan las mafias y las ocupaciones conflictivas de personas con conductas abusivas, pero que estos casos son la minoría.

La dificultad para acceder a la vivienda

“Creemos que hay una intencionalidad perversa detrás de este bombardeo mediático sobre las ocupaciones, y es ocultar el problema real, que es la falta de acceso a la vivienda y el número de desahucios”, aseguran desde el sindicato. Y es que, en Cataluña, se produjeron 2.178 desahucios en el primer trimestre de 2020.

“La precariedad laboral es cada vez mayor. Los sueldos son peores y la masa salarial cada vez está peor distribuida, así que la gente no puede acceder a una hipoteca para comprarse un piso y los precios del alquiler son inaccesibles para muchos”, cuentan. Según Fotocasa, el alquiler de vivienda ha subido un 60% en Cataluña en los últimos cinco años.

Respecto a esto último, el Sindicat de Llogateres i Llogaters impulsó la propuesta de ley para regular el precio de los alquileres que el Parlament aprobó el 9 de septiembre, pero el Tribunal Constitucional podría anularla, ya que, según el Consell de Garanties Estatutàries, contiene varios artículos que vulneran la Constitución. De hecho, el Partido Popular ya ha anunciado que la recurrirá.

“La gente se ha organizado en sindicatos y se plantea soluciones como regular los precios o prohibir que haya viviendas vacías, lo que pone nerviosos a los intereses immobiliarios, porque la única forma de salir de esta crisis es que los grandes propietarios pierdan privilegios”, apuntan.

"La vivienda sirve para vivir, no para especular"

Desde la PAH, aseguran que hay familias con trabajo que tienen que ocupar igualmente porque no pueden pagar un piso. “En lugar de atacar al fenónemo de la ‘okupación’, deberíamos buscar soluciones preventivas y que, además, son posibles. Si las familias ocupan, es que las viviendas existen. Proveer el acceso a ellas será lo que evite la ocupación”.

Denuncian que, con la criminalización de la ocupación, “se quiere crear un caldo de cultivo para favorecer la opinión pública hacia leyes restrictivas y contra el derecho a la vivienda. Intentan sacar del punto de vista a quien es el responsable de esta situación, los bancos y los fondos de inversión, que podrían facilitar alquileres sociales para evitar desahucios y ocupación. La vivienda sirve para vivir, no para especular”.

¿Han aumentado las okupaciones?

Cataluña es la zona de España donde más ocupaciones ilegales se producen, siendo Barcelona la ciudad que encabeza el ránking, según muestran los datos del Ministerio del Interior. 

Así, en los primeros seis meses del año 2020, se produjeron 3.611 denuncias en Cataluña por ocupación ilegal de viviendas, una gran parte de ellas en la ciudad de Barcelona, donde han tenido lugar 2.644. En la Comunidad de Madrid el número de denuncias por ocupaciones ilegales en ese mismo periodo de tiempo es de 657.

Por su parte, Colau señaló en la entrevista en Betevé que el Ayuntamiento de Barcelona no ha detectado un "crecimiento exponencial" de ocupaciones de viviendas en la ciudad.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, pidió hace unas semanas "rebajar el estado de alarma" sobre la ocupación ilegal de viviendas. Aunque, por otra parte, también reclamó una reforma urgente ante las ocupaciones de fincas de grandes tenedores.

En otros municipios barceloneses, como Mataró, han activado protocolos para actuar en caso de ocupaciones conflictivas y que suponen un peligro para los ocupantes o los vecinos por el estado precario del inmueble, que pasa por inspeccionar las viviendas y declarar su inhabitabilidad si es necesario.

“Es lo que podemos hacer con las competencias que tiene el Ayuntamiento, porque desalojar un piso por ocupación sólo puede dictaminarlo un juez”, cuenta Anna Villarreal, concejala de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mataró.

En cuanto al número de ocupaciones, en Mataró tampoco notan un incremento exponencial: “En 2019, las denuncias disminuyeron respecto a 2018. En 2020, comenzamos por debajo, subieron tras el confinamiento, y ahora han vuelto a bajar”.

Villarreal pide, eso sí, ser cautelosos con los datos: “No hay cifras oficiales y nosotros tenemos lo que nos llega, que son las denuncias. No se pueden medir las ocupaciones pacíficas porque, si no hay denuncia del propietario, no podemos saber si es porque tolera la situación”. 

En cuanto a la preocupación generalizada, insiste en diferenciar el allanamiento de morada: "El miedo a irse de vacaciones y que entren en tu casa interesa a las empresas de alarmas, pero no es real. Si se produce una violación de domicilio, sea primera o segunda residencia, los cuerpos policiales actúan de forma inmediata. Soy abogada y te lo digo porque lo sé. La gente que va a ocupar una vivienda, lo hace en una vacía porque quiere vivir en ella".

Los propietarios piden medidas

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), por su parte, se muestran contundentes ante el fenomeno de la okupación: "Creemos imprescindible la adopción de medidas que solucionen de forma definitiva un problema que afecta cada vez a más propietarios y que ha registrado un aumento exponencial en los últimos meses".

Los APIs lanzaron esta reclamación "después de que un agente inmobiliario de su colectivo fuera agredido el 3 de septiembre en Manresa por 'okupas' cuando trataba de acceder a un inmueble que gestiona su agencia", explican en un comunicado. "Lamentablemente esto no es un caso aislado", lamentan.