El Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse este lunes con los sindicatos y la patronal para iniciar la negociación propiamente dicha para prorrogar los ERTE extraordinarios provocados por la crisis del coronavirus, en los que aún están inmersos cerca de 700.000 trabajadores. Será el segundo encuentro tras la toma de contacto mantenida el pasado viernes en Palma.

El Gobierno y los agentes sociales coinciden plenamente en la necesidad de esta extensión, y de hecho el viernes ya dejaron claro que aspiran a que la negociación termine antes de finales de mes para dar certidumbre a las empresas y los trabajadores. No obstante, hay varios puntos clave en las conversaciones en los que las propuestas iniciales de unos y otros son muy diferentes, por lo que la negociación se prevé intensa, como ha ocurrido en los últimos meses.

Las fechas: claves para el sector turístico

Una de las principales incógnitas que deben resolverse en la negociación que continúa hoy es la de hasta cuándo se extenderán los ERTE. Hasta ahora, las prórrogas se han producido por unos cuantos meses, lo que ha servido al Gobierno para ir retocando las características de la medida en función de la evolución de la pandemia.

Pero la patronal siempre ha exigido negociar los ERTE para plazos más largos, y el viernes pasado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró que quiere que lleguen hasta Semana Santa o incluso hasta junio, lo que sería un importante balón de oxígeno para el sector turístico, muy afectado por la crisis. El Gobierno insiste en que los ERTE estarán en marcha el tiempo que sea necesario, pero la ministra Díaz ha rechazado ofrecer detalles sobre la propuesta concreta de fecha que llevará a la mesa.

Los sectores: los sindicatos no quieren sectorializar.

La reunión del viernes se celebró en Palma para escenificar el compromiso de los actores del diálogo social con el mantenimiento del sector turístico, el más golpeado por la pandemia. Pero CC OO y UGT advirtieron ese mismo día que no están de acuerdo en limitar los ERTE a determinados sectores, sino que aspiran a que todas las empresas que se vean perjudicadas por la pandemia puedan acogerse a esta figura.

A su juicio, trazar limitaciones muy estrictas entre sectores podría conducir a que queden fuera de las ayudas empresas que dependen de otros negocios muy golpeados, como por ejemplo un supermercado de Ibiza, donde el turismo se ha desplomado, según ejemplificó Unai Sordo (CC OO).

El modelo: en qué empresas focalizar la ayuda

Una de las grandes diferencias entre la patronal y el Gobierno, que ya se produjo en la anterior negociación, tiene que ver con el diseño de las exenciones fiscales para las empresas en los ERTE. Los empresarios, y así dijeron el viernes, quieren que sean solo las empresas con todos sus trabajadores en ERTE las que puedan beneficiarse de las deducciones, y piden que el Ejecutivo aumente las rebajas para ellas. Pero Díaz, hasta ahora, ha preferido el modelo contrario: se beneficia más fiscalmente a las empresas que van paulatinamente reincorporando a sus empleados al trabajo y, además, se las premia más cuanto más pronto lo hagan.

La cuantía: miles de trabajadores afectados.

Tanto CC OO como UGT coinciden en exigir una reforma legal para conseguir un objetivo que para los sindicatos es irrenunciable: que los trabajadores que lleven seis meses en un ERTE no pasen a cobrar el 50% de su sueldo (garantizado por el Estado) en lugar del 70%, como han percibido hasta ahora. La ministra Díaz se ha mostrado muy proclive a estudiar esa propuesta, ya que la actual legislación establece que el Estado solo se haga cargo del 50% del salario pasados seis meses del inicio del ERTE.