El Gobierno de Canarias inicia el proceso de indemnización a un centenar de empresas de transporte y catering escolar

El consejero de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha anunciado que ya ha comenzado el proceso administrativo por el cual se indemnizará a cerca de un centenar de empresas que realizaban el servicio de transporte escolar y comedor en centros educativos no universitarios hasta el momento en que los contratos quedaron suspendidos el pasado 13 de marzo mediante el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena
El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena
GOBIERNO DE CANARIAS

De esta manera, se aplicará un criterio homogéneo a todas las empresas de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuyos contratos hayan quedado suspendidos, en lugar de atenerse a lo contemplado en los distintos pliegos de contratación, por ser la actual normativa extraordinaria más ventajosa para las compañías, a cuyo sostenimiento y viabilidad quiere contribuir el departamento autonómico, en consonancia con las directrices del Gobierno de Canarias para potenciar la economía.

Además, las indemnizaciones se abonarán sin hacer a las empresas esperar a que acabe el periodo de suspensión del contrato, para facilitar su solvencia mientras dure la situación, presentando una declaración responsable sobre las cantidades que consideren que les correspondan, en aplicación del Real Decreto.

Desde el Servicio de Prestaciones Complementarias a la Educación, se está ultimando el modelo de declaración responsable que se remitirá a los contratistas a efectos de que declaren cuál es la cantidad que entienden se les debe indemnizar.

Una vez recibidas las declaraciones responsables y abonadas las indemnizaciones, se requerirá la documentación justificativa que permitirá realizar comprobaciones, empresa a empresa y contrato a contrato, sobre si esa cantidad está o no justificada.

En caso negativo, se les reclamaría el dinero recibido de más, en aplicación de lo previsto en el ordenamiento jurídico para estos casos.

La modificación del artículo 34.1 del Real Decreto contempla expresamente que el órgano de contratación podrá conceder a instancia del contratista un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda, mediante un pago o pagos periódicos, que se descontará posteriormente de la liquidación del contrato, señala la Consejería en una nota.

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EMPRESAS Y SERVICIOS

La Dirección General ya había decidido realizar los anticipos antes de que el pasado 6 de mayo se modificara el Real Decreto, que dejaba un vacío jurídico al respecto, con la intención de compensar el perjuicio económico derivado de la situación de inactividad de las empresas afectadas por la suspensión de los servicios de transporte y comedor escolar.

"Queremos la recuperación de la actividad económica de Canarias y sentar las bases para facilitar la continuidad de los servicios cuando se levante la suspensión de los servicios complementarios", ha explicado el consejero.

Los daños y perjuicios que contempla el Real Decreto tienen que ver con gastos salariales, por mantenimiento de la garantía definitiva, de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos, adscritos directamente a la ejecución del contrato y que no hayan sido empleados para otros fines, así como las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato, todos ellos relativos al periodo de suspensión.

Las empresas del sector de transporte que recibirán el modelo de declaración responsable para solicitar el anticipo son aquellas que ahora mismo tienen contrato en vigor con la Consejería, es decir, más de 50, incluyendo servicios especiales como taxistas o la línea marítima que conecta La Graciosa con Lanzarote.

Estas empresas realizan un total de 1.383 rutas de transporte escolar al día, lo que supone una inversión anual cercana a los 40 millones de euros, susceptibles de incrementarse en función de las necesidades.

Ya se han abonado unos 10 millones, de forma que se encuentran al día la facturación hasta el mes de marzo, fecha de la suspensión del servicio.

El departamento autonómico precisa que ha hecho un gran esfuerzo para no retrasar los pagos a las empresas pese a las dificultades que la excepcionalidad de la situación ha ocasionado a la tramitación habitual, ya que desde un principio el equipo de gobierno se ha comprometido a adoptar medidas extraordinarias para abordar la situación económica y social actual, puestas en marcha por los gobiernos nacional y autonómico.

En el caso de las empresas contratadas por los centros escolares para el servicio de comedor (la comida se elabora o suministra mediante catering por medio de personal externo a la Consejería), el número de afectadas es similar.

La gestión de las indemnizaciones correspondería a los propios centros educativos, que tienen las competencias para decidir, contratar, controlar y pagar las facturas a las empresas que les suministran este servicio, pero dada la dificultad que esta gestión supone para los equipos directivos, la Dirección General ha asumido la tramitación de las indemnizaciones y enviará también las declaraciones responsables a las empresas perjudicadas para que puedan acogerse a esta medida.

71.000 COMENSALES

El servicio complementario de comedor escolar, que se presta a unos 71.000 comensales, supone una inversión anual cercana a los 16 millones de euros, que la Dirección General destina al pago de subvenciones a los alumnos de familias en situación económica más vulnerable, en función de cinco tramos de renta.

A día de hoy, los centros ya disponen del importe correspondiente a dichas subvenciones para el periodo de enero a junio de 2020.

También se ha detraído de dicha partida la compra de las tarjetas de prepago por importe de 1.699.320 euros para la adquisición de alimentos por parte de las familias con alumnado de cuota cero.

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