La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

José Manuel Franco y Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil

Es la primera vez que el Ministerio Público se pronuncia sobre esta causa, por lo que explica en su escrito que "esta circunstancia obedece" a que la jueza instructora aplicó la suspensión de plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Sobre el delito de prevaricación administrativa el recuso explica que, “en primer lugar”, debe concretarse cuál es el hecho que se considera prevaricador y añade que, “sin embargo, en el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar”.

El ministerio público considera “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación, “en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 del Código Penal, pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución”.

También recuerda que el delito de prevaricación exige que la resolución “resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria” y por ello precisa que el delegado del Gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario “en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal”.

Hace hincapié, incluso, en que “a los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los Delegados del Gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”. Por tanto, asegura que no resultaría “razonable” exigir al Delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario “cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”.

Denuncia de un abogado

Las diligencias se incoaron a raíz de la denuncia presentada por un abogado contra varias personas, entre ellas el delegado del Gobierno, en la que invocaba la existencia de un delito de prevaricación administrativa como consecuencia de las manifestaciones autorizadas por el denunciado entre los días 7 y 8 de marzo de 2020, a pesar de que el 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades había emitido un informe enviado a todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea en el que instaba a éstos a considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales.