El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se encuentran en el punto de mira de la Justicia por su responsabilidad a la hora de controlar la propagación del coronavirus al considerar la Guardia Civil, según sus informes, que tenían conocimiento del riesgo que existía antes de la celebración de la marcha del 8 de marzo y aún así no se evitó su celebración.

La Guardia Civil asegura que Delegación del Gobierno en Madrid sabía del riesgo del Covid "desde mediados de febrero"

Un nuevo informe emitido el 1 de junio a la jueza Medel, que actualiza y amplía el anterior que concluía que no se debería haber celebrado ningún evento multitudinario en Madrid después del 5 de marzo y ya vertía responsabilidades sobre Franco y Simón, ahonda más en las hipótesis de que el Gobierno tenía conocimiento suficiente como para haber evitado dicho evento. Además, acusa al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de ocultar información relevante al resto de autoridades, pero también a los investigadores.

En el caso del delegado del Gobierno en Madrid, ya imputado por un delito de prevaricación, consideran los investigadores que los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales de su departamento tenían conocimiento de "los riesgos relacionados con el Covid-19" desde "mediados de febrero", una afirmación que contrasta con el argumento de la defensa del delegado del Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, que asegura que no tuvo conocimiento de advertencias sobre el riesgo de contagio del coronavirus hasta que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Según los informes de la benemérita, en el seno de la Delegación del Gobierno se desarrollaron reuniones en el mes de febrero en el que se trataron de forma expresa asuntos para tratar el covid-19 y se habló de medidas concretas como el distanciamientos social, las medidas de higiene o el uso de EPIs, por lo que dan por hecho que José Manuel Franco disponía de suficiente información como para no haber permitido la celebración del 8-M.

La Guardia Civil acusa a Simón de ocultar información

Por su parte, a Fernando Simón, a quien la juez de momento ha rechazado imputar en dos ocasiones, se le cuestiona que no difundiera una alerta recibida el día 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) con "propuestas para la vigilancia intensificada del Covid-19". 

Precisamente ese mismo día se celebró una reunión en la que el centro que dirige Simón reconoce un nuevo criterio de "contacto estrecho justificado en el hecho de que han aparecido casos de Covid-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria conocida del virus". "Por ello", dicen, "sugieren a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid".

La jueza ordenó a la Guardia Civil que se personara en Sanidad porque Simón no entregaba los informes del 8-M

La alerta recibida no fue objeto de discusión en ninguna reunión y tampoco se trasladó a la Delegación del Gobierno ni a ninguna de las Comunidades Autónomas. Según argumenta el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, no se difundió por ser un documento de acceso público, por lo que los investigadores interpretan que Franco tenía la suficiente autonomía para poder acceder a él pero le faltó proactividad.

En este segundo informe que amplía el anterior sobre el 8 de marzo, la Guardia Civil también acusa a Simón de ocultar información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Señala los retrasos en la recepción de la información solicitada al departamento que dirige el epidemiólogo y afirma que faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico de la citada dirección, entre ellas la del propio Simón.

Según la Guardia Civil, no solo se entregó la información solicitada con casi tres semanas de retraso, sino que asegura que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alertas con una providencia del juzgado para exigirlo, ya que por correo no recibieron ninguna información, tampoco del correo de Simón.