Funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron en los días previos a la declaración del estado de alarma a los promotores de distintas manifestaciones y concentraciones convocadas en la región para solicitarles que, 'motu proprio', las suspendieran por la crisis sanitaria creada por la COVID-19. Todo ello a pesar de que la institución comunicó el pasado 20 de abril a la jueza que investiga la actuación del titular de este organismo, José Manuel Franco, que no había recibido ninguna alerta antes de esa fecha.
Así consta en el informe de la Guardia Civil encargado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación de Franco por la autorización de la multitudinaria marcha por el Día de la Mujer el 8 de marzo, en plena pandemia de COVID-19.
Los investigadores han tomado declaración a 20 personas que habían solicitado autorización a la Delegación del Gobierno entre finales de febrero y principios de marzo para convocar concentraciones o manifestaciones en distintos puntos de la comunidad y por distintas razones. Entre esos promotores se encuentran la Plataforma Afectados FUSARA, el Sindicato AST, la Federación de Servicios de CCOO, el sindicato CGT AMAZON, las plataformas de pensionistas de Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Alcorcón, Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe o la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler.
De acuerdo con las testificales de estos promotores, la Guardia Civil concluye que en todas las desconvocatorias de estas manifestaciones "se alude a la crisis sanitaria de la COVID-19". De todos los actos previstos en la primera quincena de marzo, un total de 22 se cancelaron "por motivos sanitarios, de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración, e incluso en fechas tempranas".
Concienciación de la sociedad
La primera fecha de desconvocatoria realizada por los promotores a iniciativa propia fue el 5 de marzo y la última, el día 14 de dicho mes. "Todo ello refleja la concienciación de la sociedad sobre las consecuencias y propagación del patógeno y demuestra el grado de responsabilidad de los mismos para evitar contagios y como medida de seguridad preventiva, incluso sin ser expertos en la materia", subraya el informe.
Otros promotores de actos de este tipo recibieron llamadas de personas que se identificaron como funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid "con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria" generada por la pandemia, tal y como recogen los investigadores.
Según el informe, la mayoría de esas llamadas se produjeron en la semana del 8 al 14 de marzo, esto es, antes de la declaración del estado de alarma, a pesar de que la Delegación del Gobierno afirmara el 20 de abril que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo".
Según la Guardia Civil, en caso de que la intención de los convocantes "no fuera la de suspender las manifestaciones", en dichas llamadas "les instaban a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que cancelaran las mismas y fueran los propios promotores quienes llevaran a cabo la oportuna comunicación de cancelación a la Delegación del Gobierno a través del envío de un correo electrónico".
Un tal 'José Luis'
En ocho de las testificales recogidas por el Instituto Armado los promotores hablan de que les llamó "una funcionaria, un funcionario y en un caso aportan el nombre de un tal 'José Luis'", según explica el informe. Aseguran que esa persona instaba a que no se celebrase el evento, "utilizando en alguno de los casos expresiones imperativas para que los actos no se llevasen a cabo". La Guardia Civil contabiliza "12 reuniones/manifestaciones/concentraciones canceladas en virtud de dichas llamadas".
Los investigadores llaman la atención sobre la "inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno", así como el "especial interés" por parte de esta institución en que "fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones".
En su opinión, esto "hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial, y, por otro, el amplio conocimiento de la Delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el covid-19 y su interés real de que no se celebraran".
No consta ningún trámite o resolución
Para la Guardia Civil, es un "acto administrativo de gran transcendencia el de instar o privar del derecho de reunión/manifestación de unas determinadas personas" como para que "no conste ningún trámite ni resolución en los expedientes de gestión, ni dato alguno que deje constancia de los hechos, a excepción de que solo figure en la aplicación informática 'desconvocada'".
"En base a lo anterior, es significativo que las llamadas que efectuaron los funcionarios de la Delegación del Gobierno a los promotores no hayan quedado registradas en ningún sitio. En estas llamadas se les instaba a los mismos promotores de tal manera que, oficialmente, fuesen ellos de oficio los que procedieran a cancelar las concentraciones, incluso dando instrucciones que en el correo que se envíe conste tan sólo como motivo 'circunstancias de fuerza mayor'", remarcan los investigadores.
Por todo ello, el informe afirma que "queda patente que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento pleno sobre el peligro que se podría ocasionar si se continuaban celebrando reuniones o manifestaciones".
Debido a que en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno al juzgado de Rodríguez-Medel no constan esas llamadas supuestamente realizadas por funcionarios, la magistrada ya ha pedido a la institución que amplíe su informe de abril sobre las 21 manifestaciones y concentraciones que fueron desconvocadas "bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno" y que detalle las fechas y el cauce de tales requerimientos.
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