A partir del 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19". Así se desprende de las conclusiones del informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M.
En el documento, de 83 páginas y al que ha tenido acceso 20 minutos, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas manifestaciones y cancelado otras, "como al final terminó ocurriendo", en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid, que preveía reunir a un millón de personas, mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad con una previsión de 8.000 asistentes.
Según el informe de la Guardia Civil, el día 5 de marzo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se reunieron con los miembros de la organización evangelista y afirmaron que "deberían suspenderlo".
En una nueva reunión un día después, a la que ya no asistió Illa, Simón les insistió de manera taxativa en que "ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios, siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública". De hecho, días después le proporcionó al organizador del evento un documento oficial para avalar la suspensión.
Según la declaración de los miembros de la organización evangelista, los responsables de Sanidad ya mostraban entonces una seria preocupación por el avance del coronavirus, con 22 contagios en España. Esto, apunta el informe de la Guardia Civil, "confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso Unlimited".
El informe subraya en sus conclusiones que las "recomendaciones imperativas" que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al "colectivo evangélico" y el "nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones" son indicios de la "preocupación" de éstos frente a la pandemia y "su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios".
Las autoridades tenían "un profundo conocimiento de los riesgos"
La investigación, por la cual se ha acordado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M, señala que en esas fechas ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas".
A lo largo del documento, la Guardia Civil hace una cronología de cómo ha ido evolucionando la pandemia desde los primeros casos de Wuhan. Recuerda que la OMS calificó el 30 de enero como pandemia el coronavirus y situaba a Europa como epicentro al reunir más casos de contagio y muertes que en el resto del mundo, a excepción de China. Además, el 24 de febrero recomendaba la "prevención de eventos de amplificación del virus".
El 2 de marzo, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades sitúa a España en la fase 1 de la pandemia, en la que se reconoce transmisión local y se pide la "contención del virus, el bloqueo de la transmisión con detección temprana y evitar o retrasar la propagación y la sobrecarga del sistema sanitario". Entre las recomendaciones para nuestro país así como para el resto del continente incluía la "cancelación o aplazamiento de los eventos" que supusieran "concentraciones de masas".
Siguiendo estas recomendaciones, la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió una nota informativa el 5 de marzo con medidas preventivas y en la que se recomendaba a los ciudadanos evitar "los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en horas punta". Solo un día después, la dirección general de Salud Pública ordenaba cancelar las actividades formativas en centros sanitarios y otras actividades en los centros de mayores por el "grave riesgo inminente para la salud pública". Dichas resoluciones se pusieron en conocimiento de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Entre el 5 y el 14 de marzo se autorizaron 157 manifestaciones en Madrid
Según los agentes, entre el 5 y el 14 de marzo se autorizaron 157 manifestaciones en la Comunidad de Madrid, 22 de los cuales fueron cancelados, la mayoría por la crisis sanitaria del coronavirus. Algunas de las que se llegaron a celebrar eran "muy multitudinarias" y especifica concretamente la del 8-M, en la que se preveía la asistencia de un millón de personas, aunque posteriormente la Delegación del Gobierno cifró en 120.000 los asistentes.
Recalca el informe que días antes de la manifestación, el 28 de febrero, desde el departamento que dirige José Manuel Franco se da constancia del conocimiento sobre la enfermedad, ya que en un documento enviado especifica los síntomas del coronavirus y también sus consecuencias y "pone de manifiesto los peligros de contagio por no mantener la distancia social y las consecuencias del contagio, que en los casos más graves puede generar hasta la muerte".
Partidos de fútbol
Manifestaciones aparte, el documento recuerda que desde finales de marzo el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció la ampliación de las zonas de riesgo a China, Corea del Sur, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia. Sin embargo, varios días después, el 9 de marzo, se permitió la llegada a Valencia de hinchas del club de fútbol Atalanta, un equipo que venía precisamente de la zona más afectada de Lombardía. "Si bien el partido se jugó a puerta cerrada, los aficionados deambularon por bares y establecimientos de la ciudad sin control alguno".
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