El nombre de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, vuelve a sonar fuerte. Ha citado como investigado al delegado del Gobierno de Madrid por autorizar en marzo varias manifestaciones del 8-M: un abogado particular lo acusa de prevaricar por hacerlo cuando la epidemia del coronavirus avanzaba.

No es la primera vez que la magistrada afronta una causa mediática. De hecho, desde que trabaja en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, donde recaló en 2018, han pasado por sus manos los casos del máster de Pablo Casado, la tesis de la exministra Carmen Montón y la supuesta falsificación documental de Cristina Cifuentes. Antes de aquello, trabajó un año como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, cuando el popular Rafael Catalá era titular del departamento.

Ya había intentado antes lograr un puesto en Madrid: en 2010 fue propuesta junto a Pablo Ruz -instructor de Gürtel- y Carmen Lamela -instructora del procés- como posible sustituta de Baltasar Garzón, que había sido suspendido al tener pendiente un juicio oral por investigar los crímenes del franquismo. Ruz se llevó el puesto y ella aguantó hasta junio del año siguiente en el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Marbella para, esta vez sí, trasladarse a la capital. Ocupó entonces una plaza en Fuenlabrada.

Rodríguez-Medel, según han publicado varios medios, tiene fama de "minuciosa" y "rigurosa". Se curtió en sus inicios en la ciudad malagueña con asuntos de corrupción como el caso Minutas, en el que el exalcalde Julián Muñoz, el expresidente del Sevilla José María del Nido y el exasesor Juan Antonio Roca eran los principales acusados. Y también con la famosa causa urbanística en la que estuvo involucrado el actor Sean Connery. Ella misma expresó en el Congreso hace un par de años su "preocupación" por la corrupción y por cómo se lucha contra ella. Dejó aquello para irse al Juzgado de Violencia contra la Mujer y su trabajó allí, según el juez decano de Marbella, fue "fantástico".

Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1995 y es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su primer destino fue un juzgado en Santoña (Cantabria). Durante un tiempo también estuvo al frente del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ. Es hija, nieta y hermana de guardias civiles y el pasado mes de enero las quinielas la situaron al frente del Cuerpo, aunque finalmente el ministro Grande-Marlaska nombró directora general a María Gámez.