El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una prórroga del plan para permitir que los parados compaginen su prestación por desempleo con el trabajo en el campo y que también puedan hacerlo inmigrantes con permiso de residencia pero no de trabajo. En lugar de hasta el 30 de junio, estará vigente hasta el 30 de septiembre, según una prórroga que incluye una importante novedad, para los jóvenes inmigrantes, de 18 a 21. Son los que acaban de dejar de ser menores extranjeros no acompañados (Mena) por alcanzar la mayoría de edad, que tienen permiso de residencia pero no de trabajo. En el primer decreto, el Gobierno les daba permiso de trabajo para faenar en el campo, el tiempo que durara la campaña. Con la prórroga acordada este martes, tras este permiso obtendrán otro, de dos años, renovable a otros dos, para trabajar en cualquier lugar del país y en cualquier sector.

Según esta nueva disposición, tras finalizar la vigencia del permiso de trabajo para ir al campo, podrán acceder a "una autorización de residencia y trabajo", que tendrá "una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad".

El Gobierno ha aprobado un real decreto ley con medidas económicas de diverso ámbito y dentro de él también figura la prorroga de un decreto de Agricultura de principios de abril, que trataba de rescatar unos 75.000 trabajadores para recoger las cosechas de fruta de hueso, ante la falta de mano de obra extranjera debido a la restricciones de movimientos por el Covid-19. Para ello, proponía que personas desempleadas e inmigrantes con permiso de residencia pero no de trabajo pudieran suplir la falta de temporeros y trabajar en el campo. Para ello, la norma decía que debían vivir en el municipio donde se encontrara el campo de la recogida o en municipios colindantes.

Con la práctica, sin embargo, este criterio se ha flexibilizado. La definición de "cercanía" a lugar de la recogida quedó en manos de las distintas comunidades, que han podido establecer un perímetro de toda la comunidad o hasta 80 kilómetros a la redonda.

Para hacer atractivo este plan, el Gobierno aprobó que los parados pudieran compatibilizar el cobro del subsidio de desempleo con el jornal. Quedaban fuera de poder acogerse a este decreto empleados en ERTE por el Covid-19 y autónomos acogidos a la prestación por cese de actividad.

En cuanto a los inmigrantes, quienes tuvieran caducado su permiso de trabajo lo verían renovado -en principio hasta el 30 de junio y con la prórroga acordada este martes, hasta el 30 de septiembre- empezaran a trabajar en el campo. El decreto se detenía además de manera específica en los inmigrantes más jóvenes, de 18 a 21 años, que ahora se mejora con un permiso posterior de trabajo de hasta cuatro años.

Campaña con retraso

En total, el Gobierno pretendía cubrir la mano de obra de hasta 75.000 personas para la recogida de las cosechas de fruta de hueso que tenía que empezar en abril y terminar en septiembre. No obstante, ya entonces el Ministerio de Agricultura precisó que para la parte de la campaña que cubría el decreto inicial, hasta final de junio, se calculaba que sería necesario solo la mitad de esta mano de obra.

Frente a esas cifras, los datos de afiliados a la Seguridad Social correspondientes a abril muestran un buen comportamiento del sector agrícola pero sin alcanzarlas. Los afiliados a la Seguridad Social cayeron en todos los regímenes, excepto el Sistema Especial Agrario, que aumentó un 1,41% con respecto a marzo, en 10.561 afiliados.

Ante la prórroga del decreto, este año la recogida ha empezado más tarde, debido que las condiciones meteorológicas han retrasado la maduración de fruto. En todo caso, tanto el ministro, Luis Planas, como el sector destacan que por ahora no ha quedado ninguna cosecha sin recoger, un riesgo que llevó al Gobierno a facilitar que parados e inmigrantes pudieran trabajar en el campo. 

Planas afirmó recientemente en el Congreso que con fecha del 30 de abril no había quedado ninguna cosecha sin recoger. En la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) aseguran que "no se ha quedado ningún producto sin recoger por falta de mano de obra", a pesar de que no todas las peticiones de trabajo han sido aceptadas. En algunos casos, por la falta de experiencia de los aspirantes y  otros, porque se encontraban a distancia del lugar de la recogida y el decreto prohibía los desplazamientos. 

Como Coag y Asaja, UPA creó una bolsa de trabajo para poner en contacto y a la que inscribieron unas 5.000 personas. Según apuntan en estas organización agraria, se quedaron fuera personas, por ejemplo, de Madrid, mientras observan que el decreto ha sido más efectivo para personas de Murcia, Extremadura o Andalucía, donde estaban las cosechas.