La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha mostrado la preocupación de los funcionarios por el futuro de sus pensiones tras el traspaso "sorpresivo" del reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social, cuando ahora eran gestionadas por el Ministerio de Hacienda.

Según ha apuntado en un comunicado, entre el miércoles y el jueves ha recibido centenares de llamadas de empleados públicos mostrando su preocupación por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones.

El sindicato explica que el Gobierno ha utilizado el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos del coronavirus para modificar "de extranjis" la gestión de las pensiones de funcionarios, "sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales".

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Sin embargo, desde el Consejo General de Colegios Habilitados de Clases Privativas, afirman en un comunicado que esta medida viene para formalizar el cambio estructural ya previsto en Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, en relación con el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La CSIF apunta que la actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones y alerta de que las modificaciones incluidas en el Real Decreto Ley "parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía de las clases pasivas del estado de manera sorprendente". Se calcula que el número de funcionarios bajo este régimen es actualmente de 637.213 funcionarios.

Además, señala que si prospera el Real Decreto Ley, la gestión de las pensiones de las clases pasivas pasará a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones.

Por su parte, CC.OO. ha pedido mejoras en el régimen de clases pasivas y más interlocución con los agentes sociales en el marco del diálogo social para abordarlas. Así, ha remarcado que el cambio de adscripción de Hacienda a Seguridad Social "no supone cambios en prestaciones, jubilación o cuantías".

También ha puesto de relieve que el Estado transferirá el importe necesario para la financiación de todo el gasto por la gestión del sistema de clases pasivas y por tanto no recaerá en las entidades gestoras de la Seguridad Social, de forma que no se pagará con las cotizaciones sociales. "Este importe no solo se refiere al ocasionado por el pago de las prestaciones, sino también a todo el gasto derivado de la gestión del sistema", apunta.

Para CC.OO., los cambios que se han efectuado y que se tendrán que realizar para la integración total de la gestión del sistema de clases pasivas por las entidades de la Seguridad Social deben ser para mejorar el servicio y la gestión de las prestaciones.

La organización que lidera Miguel Borra ha solicitado una reunión urgente con los ministerios de Hacienda y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aclarar este traspaso de la gestión de las pensiones de funcionarios desde Hacienda al departamento de José Luis Escrivá.

El Régimen de Clases Pasivas es un régimen cerrado en el que, desde el 1 de enero de 2011, no se incorporan nuevas personas. Desde esa fecha, los nuevos funcionarios se añaden al Régimen General de Seguridad Social. Además, este sistema es independiente de los distintos sistemas de mutualismo de la Administración como son Muface, Mugeju e Isfas.