Pedro Sánchez fuerza a Marlaska a renunciar al endurecimiento de la política antimigratoria

  • Los equipos de Sánchez e Iglesias pactan que la política migratoria es "una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos".
  • Buscará abrir cauces para diferenciar correctamente entre demandantes de asilo y migrantes económicos.
Unidas Podemos rechaza los planes de Marlaska sobre inmigración y surgen las pri
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso
 EUROPA PRESS

El Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez rebajó las tensiones internas generadas en los últimos días, a cuenta del endurecimiento de la política migratoria planteado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y aseguró en un comunicado conjunto y "unánime" que "la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos".

En esta línea, el Ejecutivo reafirma "su compromiso para establecer los cauces adecuados que faciliten la correcta identificación entre peticiones de asilo y migrantes económicos".

Desde la formación liderada por Pablo Iglesias habían afeado al PSOE los planes que tenía previsto impulsar Grande-Marlaska en materia de política migratoria, al considerar que no cumplen con el programa acordado entre ambos partidos en su pacto de coalición

Se trataba, en concreto, de la nueva ley de asilo que está preparando el Ministerio del Interior y que, según avanzó el diario El País, supondrá un endurecimiento de las condiciones para que los migrantes soliciten protección y varias medidas que contemplaban, entre otras cuestiones, levantar la altura de las vallas diez metros y sustituir las concertinas por elementos de "mayor seguridad".

Líneas maestras del acuerdo

Tras las negociaciones llevadas a cabo este miércoles por la tarde, desde el Ejecutivo recalcan no solo que la política migratoria es "una cuestión de Estado", sino también que existe el mencionado compromiso para el establecimiento de cauces que permitan la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, "adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades". 

En esta línea, el Ejecutivo se compromete a una "cooperación y apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen" y abogará por una lucha constante "contra la criminalidad y la trata de seres humanos". Para ello, se realizará una "apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino", y se establecerán los cauces "para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades".

"Un malentendido"

Este mismo miércoles fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos habían señalado, en referencia al endurecimiento de la ley de asilo, que "esperamos que el Ministerio del Interior aclare cuanto antes el malentendido". "Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no solo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos", añadieron.

Este fue uno de los asuntos que estuvieron sobre la mesa en la reunión interministerial sobre inmigración que tuvo lugar el pasado viernes en Moncloa, que presidió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que asistieron, entre otros, Iglesias y Grande-Marlaska.

Este encuentro, que estaba fijado desde hace días, tuvo lugar un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera pública su polémica sentencia, en la que avalaba las devoluciones en caliente, al considerar que son legales y no vulneran los derechos humanos.

Si bien las voces críticas con la sentencia han sido numerosas desde las filas de Unidas Podemos, no ha ocurrido lo mismo en el PSOE. El Ministerio del Interior señaló que el Ejecutivo respecta y acata la sentencia, "como no puede ser de otra manera".

Otras reacciones

Por el contrario, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró el viernes que no comparte la resolución adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aseguró que España debía "estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales".

A su vez, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, reafirmó este martes el rechazo de su organización a las devoluciones en caliente, y aseguró que en el seno del Gobierno y de la coalición "se va a trabajar" para que España cumpla los Derechos Humanos.

Tanto el PSOE, estando en la oposición, como Podemos han defendido en numerosas ocasiones la prohibición de las devoluciones en caliente, si bien no incluyeron en el acuerdo del Gobierno de coalición esta cuestión de forma explícita, en el punto que habla de aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la conocida coloquialmente como 'Ley mordaza'. El texto sí señala que la nueva ley de asilo deberá adaptarse "a los nuevos retos de la movilidad global" y deberá tener en cuenta "las nuevas realidades sociales".

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