Catorce de los 133 controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga de diciembre de 2010, que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de veinte horas y afecto a cerca de 600.000 pasajeros, y cuya vista oral ha comenzado este miércoles, han culpado al Gobierno de Zapatero de montar "un follón" para justificar "la militarización" tras declararse el estado de alarma por el cierre del espacio aéreo, una "decisión política" de la que no se consideran responsables.

Además, han pedido que se difundan las conversaciones grabadas en aquellos días por el gestor aeroportuario Enaire.

Los 119 acusados restantes, por su parte, han acordado un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocen los hechos y admiten multas de hasta 30.000 euros y cinco meses de prisión en el caso de los controladores de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y de 15.000 euros para los no sindicados.

En la primera sesión del juicio, a la que han acudido 30 controladores (22 de ellos conformados y el resto como público) se han dirimido las cuestiones previas, entre ellas la difusión de las conversaciones grabadas por Enaire durante la huelga que se llevó a cabo entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010, durante el Puente de la Constitución.

No obstante, a falta de lo que decida la magistrada Margarita Valcarce, "dificultades técnicas" impiden la emisión de las imágenes, lo que provocaría un aplazamiento que podría prolongarse dos meses hasta que se resuelvan.

Se prevé, por otra parte, que César Cabo, portavoz de USCA en aquellos días, comparezca el próximo 29 de enero.

César Cabo es el único representante sindical de la antigua cúpula de USCA entre los acusados que no ha pactado con la Fiscalía, y que se enfrenta a multas de entre 60.000 y 75.000 euros.

Antes del inicio de la sesión, el actual portavoz de USCA, Daniel Zamit, ha denunciado que los controladores se enfrentan "a un juicio político, como político fue el cierre del espacio aéreo en 2010".

Así mismo ha negado que la huelga de 2010 fuera "salvaje", y ha recordado que en "veinte juzgados de toda España los controladores han sido absueltos" con argumentos que "parece que en Madrid no valen".

"Veníamos denunciando todo ese año carencia de personal. En noviembre se dieron cuenta de que no llegábamos a final de año prestando el servicio de control.

CARLOS GÁMEZ

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones con USCA del segundo convenio colectivo del sector.

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero de ese año el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999.

Después de varios meses de negociaciones infructuosas, en las que los controladores advirtieron de que podía haber problemas dado que muchos trabajadores completarían su jornada máxima anual bastante antes del 31 de diciembre, y después de que el Gobierno aprobase un decreto-ley el día anterior en el que aumentaba sensiblemente el número de horas en la jornada de los controladores, se decretó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, una vez que los controladores abandonaron masivamente sus puestos en protesta contra la decisión del Gobierno.

Los controladores, no obstante, rellenaron en muchos casos los partes en los que alegaban "disminución de sus capacidades psicofísicas" debido a la repentina decisión gubernamental. Estos impresos no fueron distribuidos por Aena hasta después del cierre del espacio aéreo.

La mayoría de las causas, de hecho, se archivaron: en el archivo de la causa de los controladores de Santiago, el juez Vázquez Taín dio la razón a los controladores, afirmando que Aena había estado incluyendo en sus programaciones a trabajadores que "sabía positivamente que habían rebasado el límite de su jornada anual" y que "el cierre del espacio aéreo fue una decisión política de quien tenía competencia para ello", señalando así a Aena.

A pesar de ello, en octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó por estos mismos hechos a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que todos ellos se declararan culpables del delito de abandono del servicio.

En el proceso están personadas también acusaciones particulares, como los afectados representados por el bufete Cremades y Calvo Sotelo, que acusa sólo a 7 de los controladores que no han conformado.