A punto estaba de comenzar el puente de la Constitución cuando cientos de miles de españoles, algunos de ellos incluso dentro de los aviones que iban a llevarles a su destino vacacional, se quedaban con la boca abierta al enterarse de que se quedaban en tierra.

El año 2010 estaba apunto de concluir y un enconado conflicto laboral entre AENA (hoy Enaire), la empresa pública encargada de gestionar los aeropuertos españoles, y los trabajadores de control aéreo alcanzaba cotas nunca vistas. El sábado 4 de diciembre, en pleno puente, el Gobierno de Zapatero activaba el primer y único estado de alarma de la historia de la Democracia hasta hoy y dejaba en manos del Ejército el control de un espacio aéreo que llevaba 20 horas cerrado.

Este miércoles se dirimen en Madrid los últimos coletazos judiciales de un conflicto histórico, que afectó a 5.000 vuelos y a 700.000 pasajeros.

CARLOS GÁMEZ

¿Qué pasó en diciembre de 2010?

En función de a quién pregunte recibirá una respuesta u otra. Para el Gobierno de entonces, la Audiencia Nacional y la Auciencia Provincial de Palma de Mallorca, entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010 los controladores aéreos abandonaron masivamente sus puestos de trabajo paralizando el transporte aéreo y obligando al Gobierno a cerrar el espacio aéreo. Para los controladores, el polémico abandono "no se produjo en ningún momento" y desde su sindicato mayoritario (USCA) afirman a 20minutos que "fueron los gestores de AENA los que lo cerraron".

El enorme número de personas que se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo y los elevados sueldos que percibían los controladores aéreos (se trata de un trabajo de una enorme responsabilidad) volvieron a una gran parte de la opinión pública en su contra.

¿Por qué se decreto el estado de alarma?

El Gobierno de Zapatero justificó decretar el primer estado excepcional en la historia de la democracia en "el abandono de sus obligaciones" de los controladores, que habían paralizado "un servicio público esencial para la sociedad". La medida, que implicaba que el Ejército se hiciera cargo de la gestión del espacio aéreo, obligaba, en la práctica, a trabajar a todos los controladores civiles. Se aplicó en todo el país y se prorrogó hasta el 15 de enero de 2011.

¿Cómo se llegó a esa situación?

A lo largo de 2010, AENA y los controladores estaban enfrentados por la renovación del convenio laboral del sector, que databa de 1999. En agosto, el Gobierno puso en marcha un real decreto que fijaba en 1.670 las horas anuales máximas laborables para el colectivo. Los controladores rechazaron una medida que consideraron perjudicial a sus intereses y, tras el fracaso de una mesa de negociación entre las dos partes, estalló el conflicto.

¿Qué se juzga hoy?

Este miércoles se dirimen las responsabilidades penales de 133 trabajadores en un juzgado de lo penal de Madrid. La fiscalía madrileña los acusa de delitos de abandono de funciones, castigados con multas de ocho a doce meses.

La gran mayoría de los acusados (119) han llegado a un acuerdo para reducir sus sanciones a 15.000 euros (para 113 de ellos) y a 31.000 (para otros seis).

Los 14 que no han pactado, entre los que se encuentra César Cabo, quien fuera portavoz del sindicato USCA cuando ocurrió todo y cuya fama trascendió la crisis, se enfrentan a multas de entre 60.000 y 75.000 euros. 

Aparte de las sanciones, USCA, que representaba a prácticamente la totalidad del colectivo, ha llegado a un acuerdo para indemnizar a los afectados por valor de 15 millones de euros, al que se han adscrito 127 controladores, confirmaron a 20minutos fuentes del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a unos 11.500 damnificados.

¿Qué han dicho los tribunales hasta ahora?

El periplo judicial de este conflicto ha discurrido desde juzgados de instrucción hasta el mismísimo Tribunal Constitucional, con fallos en las dos direcciones. La legalidad en la aplicación del estado de alarma fue avalada por el Supremo en primer lugar y ratificada en 2016 por el Constitucional, que no entraron a valorar quien fue el responsable del cierre del espacio aéreo.

Sobre el cierre, la Audiencia Nacional eximió a AENA en 2013 de responsabilidad patrimonial y consideró probado que los controladores recurrieron "a una argucia como fue la presentación de partes médicos de baja, para revestir de aparente legalidad una acción deliberadamente rebelde". 

En el mismo sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que condenó a 73 trabajadores y absolvió a otros siete en 2018. Este mismo tribunal, según fuentes jurídicas de USCA, acusó por sedición, por lo que "se llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio y las penas de cárcel".

En sus fundamentos, el tribunal balear sostiene que los trabajadores "optaron por entorpecer, ralentizar y en su caso, paralizar de forma paulatina y masiva, el tráfico aéreo español".

Sin embargo, las otras 20 causas que se han abierto contra los controladores en juzgados de toda la geografía española se han archivado.

¿A cuánto ascendieron las pérdidas?

El balance global de las pérdidas que se produjeron resulta imposible de cuantificar. La patronal de agencias de viajes (Aedave) denunciaron haber perdido 250 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid sostuvo haber dejado de ingresar 140.

Un conflicto muy polémico

En 2016 para defender su versión de lo ocurrido, los controladores aéreos publicaron un documental titulado #Dossier2010 en el que reúnen varios testimonios (incluido el de un juez de instrucción) con la intención de desmentir la versión oficial.

En la nota adjunta a la difusión del documental criticaron que "más de 600 controladores de toda España quedaran expuestos a una acusación genérica de sedición y demonizados ante la sociedad española".