El que  fuera llamado "el socialista más exitoso del mundo", el boliviano Evo Morales, se ha visto obligado a presentar su dimisión y abandonar su país en dirección a México, donde se le ha ofrecido asilo político. Su caída es el resultado de una crisis social y política sin precedentes, que se hace patente en las calles de Bolivia.

Mientras los opositores a Morales celebran la que consideran una victoria de un "movimiento ciudadano no violento" y acusan a los partidarios del MAS (Movimiento Al Socialismo) de la totalidad de los enfrentamientos callejeros, desde el entorno del exmandatario aseguran que la renuncia es un intento de pacificar el país y no dudan de calificar la actuación de los manifestantes, la oposición política y el ejército y la policía bolivianos de "golpe de estado".

Una zona de guerra

Felipe Seoane, un vecino del sur de La Paz que participa en las protestas, asegura que esta zona parece "una zona de guerra". Describe el que antes era "un lugar muy tranquilo" como "un ambiente convulsionado", y pinta imágenes de ciudadanos "atrincherados en sus casas, defendiendo sus familias y negocios", aunque no duda en atribuir esta violencia exclusivamente a "grupos de choque, de vándalos organizados con la estrategia de crear el miedo". Al mismo tiempo asegura que del lado de la oposición solo se producen "manifestaciones muy civilizadas y pacíficas" y que ni la policía ni el ejército, instituciones que se han sumado a estos últimos, están interviniendo con la fuerza.

Similarmente, Federico Morón Encina, miembro de la entidad Ríos de Pié, las protestas son "un movimiento ciudadano no violento" que integra a personas de "todos los estratos sociales; los indígenas y los no indígenas, con el apoyo mayoritario de la ciudadanía". "Somos una mayoría de bolivianos pidiendo que se respete la constitución", reivindica a 20minutos. "Estamos defendiendo la democracia", concuerda Margot Ayala, que junto con otros voluntarios reparte alimentos a los manifestantes en las calles de La Paz.

Ambos, como Seoane, coinciden en que la violencia está enteramente provocada por los partidarios del MAS. "Bajan de las montañas (que rodean el sur de La Paz, la zona conocida como El Alto) a tomar negocios y quemar y saquear casas", narra Seoane, y se refiere a la quema del domicilio del rector de la Universidad Estatal de La Paz, Waldo Albarracín: "estaban sus hijos dentro". Como él, otras figuras afines a la oposición han visto arder sus domicilios o han sufrido ataques similares.

Sin embargo, los incidentes registrados parecen indicar que se están produciendo actos violentos similares por parte de los partidarios de ambas facciones; como la de Albarracín, se han quemado las viviendas de muchos líderes políticos del MAS, incluido el propio Morales, y manifestantes contrarios al MAS irrumpieron en las sedes de los medios estatales BTV y RPN, a los que han forzado a cesar la emisión. Igualmente se han producido saqueos y quemas de edificios institucionales e incluso de la embajada de Venezuela (país que apoya explícitamente el oficialismo).

Incluso, en la ciudad de Vinto (Cochabamba) los opositores a Morales asaltaron el ayuntamiento (al que prendieron fuego posteriormente) y sacaron a rastras y descalza a la alcaldesa, Patricia Arce, para posteriormente vejarla cortándole el pelo a la fuerza en plena calle y echándole pintura roja por encima.

Las elecciones

El detonante de las revueltas fue la gestión de las últimas elecciones generales en el país, el 20 de octubre de este año. A ellas concurría Morales, por cuarta vez, a pesar de que la constitución boliviana (promulgada por el propio Evo Morales) establecía una limitación de dos mandatos, gracias a una resolución a su favor del Tribunal Constitucional que contradecía el resultado del referéndum convocado en 2016 sobre esta misma cuestión.

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Durante los comicios, el conteo rápido, retransmitido en tiempo real, venía dando la victoria a Morales pero con un margen lo bastante estrecho (inferior al 10%) como para llevar al país a una segunda vuelta. No obstante, cuando el escrutinio el 85%, se produjo un apagón informativo y, tras solucionarse, el recuento daba una victoria amplia al candidato socialista.

Este resultado provocó la ira de la oposición, que calificó las elecciones de fraude, ante lo cual el gobierno de Bolivia pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría de las elecciones. Finalmente, el organismo anunció haber detectado graves irregularidades.

Las tensiones en la calle (agravadas después de que la policía tomase partido por los manifestantes) y la resolución de la OEA llevaron a Morales a convocar nuevas elecciones; sin embargo, pocas horas después, el ejército del país emitía un comunicado en el que se "sugería" a Morales renunciar "para pacificar el país", y el dirigente abandonaba el cargo denunciando "un golpe de estado cívico, político y policial".

Este martes, la senadora de la oposición Jeanine Álvarez juraba como presidenta interina.

Carlos Mesa, "el único con posibilidades" de vencer a Evo Morales

En la oposición al Gobierno del MAS destacan dos figuras que ejercen una suerte de 'liderazgo' en dos de los principales frentes de las protestas: Carlos Mesa, candidato rival a Morales en las pasadas elecciones, y Luis Fernando Camacho en los movimientos cívicos.

Aunque puntualiza que "esto no es de dos personas", Federico Morón reconoce que Mesa "era el único con posibilidades" de derrocar políticamente a Morales; Seoane afirma que "representa el camino institucional" y Ayala expone una opinión similar: aunque aclara que no es partidaria de Mesa, afirma que era la alternativa posible a Evo. "Pero no es el líder. La ciudadanía sale a la calle por su propia voluntad", matiza.

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Mesa, que fue primero vicepresidente entre 2002 y 2003 y luego presidente del país entre 2003 y 2005, se postuló como un antídoto contra la corrupción endémica en el sistema boliviano de aquella época.

Calificado por la órbita de Morales como el "último presidente neoliberal de Bolivia", tuvo que abandonar el cargo prematuramente por la intensa oposición que, en sus propias palabras, "le sitió" durante su mandato desde las instituciones.

Sin embargo, en 2018 regresó a la política. Entre críticas tanto de la izquierda como de la derecha más conservadora por presuntas ganancias ilícitas durante su época como vicepresidente, se presentó ante los votantes como la única alternativa a Morales, y pidiendo el voto útil para su candidatura.

Y, efectivamente, logró convertirse en la principal cara de la oposición y competir contra Morales, en las elecciones del 22 de octubre de este año, en las que parecía pisarle los talones hasta el controvertido apagón informativo.

Luis Camacho, el 'Bolsonaro boliviano'

Entre los movimientos civiles, en cambio, es Luis Fernando Camacho quien acapara los focos. Dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, una de las ciudades más conservadoras de Bolivia, se ha venido caracterizando por arengas callejeras teñidas de un hirviente fundamentalismo religioso, que conecta directamente con una sensibilidad muy presente en el oriente y el sur del país.

El "Macho Camacho" (apelativo que él mismo utiliza) era poco más que un líder local (los comités cívicos son asociaciones gremiales intersectoriales de un territorio concreto y que normalmente abanderan reivindicaciones localistas) hasta el inicio de las tensiones contra Morales. Sin embargo, durante los comicios, tomó partido por Mesa y comenzó a elevar demandas cada vez más ambiciosas contra el presidente, incluyendo su dimisión.

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Su carismática presencia y su oratoria han logrado granjearle el apoyo de una gran parte de los sectores opositores a Morales. Incluso, el líder cívico ha buscado frecuentemente aparecer junto a indígenas contrarios al MAS frente a las cámaras para reforzar su clamor por la unidad del pueblo boliviano, aunque ideológicamente se sitúe en las antípodas del movimiento indigenista. Tanto es así que, en ocasiones, la prensa internacional le ha bautizado como "el Bolsonaro boliviano", por sus similitudes discursivas e ideológicas con el mandatario brasileño y por su amplio apoyo entre los sectores evangelistas de Bolivia, pese a que él se confiesa católico.

Indígenas y criollos

Las tensiones raciales han sido un elemento constante en la sociedad boliviana. De hecho, la identidad indígena fue siempre una de las grandes bazas esgrimidas por Morales en sus campañas, llevando finalmente a la denominación de Bolivia como Estado Plurinacional en 2009, la promulgación de normas como la Ley contra el Racismo y la adopción de símbolos como la Whippala, la bandera del pueblo Aimara.

Frente a los indígenas, habitantes de las zonas más deprimidas del altiplano boliviano se encuentran los criollos (descendientes de europeos y mestizos) que son mayoritarios en las zonas bajas del sur y oriente del país y generalmente con mayores ingresos. Este sector de la población acaparó los puestos de poder antes de la llegada de Morales. Además, es en el que más crece la Iglesia Evangélica en Bolivia, una confesión en clara expansión en Latinoamérica.

Sin embargo, muchos analistas tanto locales como extranjeros han argumentado que, mientras que las tensiones reales entre los dos grupos han disminuido en los últimos años, los actores de uno y otro lado las utilizan como arma política y amenazan con revertir los avances.

¿Golpe de estado o protesta pacífica?

"Es un golpe de estado, lo llamen como lo llamen", asevera Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Catalunya, en declaraciones a 20Minutos. "Un golpe se caracteriza por la interrupción del orden constitucional y eso es lo que ha ocurrido".

"Las protestas", explica Sánchez, "son como la fiebre de un enfermo. Son un síntoma de que algo no funciona. En este caso, se han acumulado fracturas sociales de largo recorrido con unas elecciones muy mal llevadas".

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Francisco Sánchez, aunque reconoce que esta oposición está conformada "por el 40% de los bolivianos que votaron en contra de Evo Morales", también advierte de la participación de los "sectores más conservadores de la sociedad, abiertamente racistas" y de la importancia de "la ruptura de un frente interno en el MAS, que ha hecho que Morales pierda su apoyo interno", una situación que convierte esta crisis en "la más compleja de la región".

"El presidente había vulnerado el sistema democrático con unas elecciones muy mal llevadas, forzando las normas democráticas de manera flagrante". Sin embargo, destaca que "se estaba abriendo un procedimiento legal con una repetición de comicios" y con la participación del ejército y la policía (que, destaca, "han sido muy activos"), "se ha roto la continuidad constitucional".

En este sentido, corrobora que efectivamente "se están produciendo enfrentamientos" y existen casos de violencia por parte de los manifestantes: "Uno no sale a la calle por un bocata y una coca-cola. Se sale por fuertes convicciones, por el enfado, con un componente idealista y el deseo de cambiar las cosas".

En la opinión de este experto, ("espero equivocarme", afirma) es previsible "una escalada de la violencia". Sánchez cree que "se establecerá un gobierno transitorio para organizar comicios y se tratará de prohibir la candidatura de Morales, acusándole de corrupción o algún delito similar".

Así, destaca que "se ha abierto una brecha; ha nacido el mito de Evo Morales, perseguido por el poder". Y con este panorama, y "sin actores institucionales, con las instituciones descabezadas", no se vislumbra una salida fácil a la crisis boliviana.