La Comunidad de Madrid protegerá a los funcionarios que delaten a corruptos

  • El Gobierno PP-Cs ya trabaja en la redacción de la Ley de Defensor de los Denunciantes de Corrupción Política.
  • Madrid promoverá que los parlamentos autonómicos no nombren jueces de tribunales superiores.
Ignacio Aguado y Enrique López, este martes, detallando los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Aguado y López, este martes, tras el Consejo de Gobierno.
Comunidad de Madrid

El "canal seguro e independiente" para que los funcionarios de la Comunidad de Madrid denuncien casos de corrupción política, una de las 155 medidas que contiene el acuerdo de gobernabilidad de PP y Cs, será una realidad antes de que acabe esta legislatura.

Esa es, al menos, la intención del Ejecutivo, que durante el Consejo de Gobierno acordó someter a consulta pública el anteproyecto de Ley de Defensor de los Denunciantes de Corrupción Política. Los ciudadanos interesados en hacer aportaciones, podrán materializarlas hasta el 6 de noviembre a través del Portal de Transparencia de la Comunidad.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, dijo que esta ley es "una herramienta necesaria" para luchar contra la corrupción política. La Comunidad quiere que los empleados públicos que observen o tengan conocimiento de alguna práctica corrupta se sientan seguros para denunciar este tipo de conductas. 

"En algunos casos muestran reticencias a denunciar por miedo a represalias", señala la Comunidad. "Por eso es fundamental proteger a los denunciantes a través de mecanismos eficaces que generen confianza", agrega. 

Otro asunto relativo a la regeneración democrática que se encuentra en fase de consulta pública (hasta hoy), y que también figura en el acuerdo PP-Cs, es la reducción de los aforamientos en la Comunidad de Madrid. Para materializar este compromiso se tendrá que reformar el Estatuto de Autonomía, una iniciativa que puede partir tanto del Ejecutivo regional como de la Asamblea.

Ambos procedimientos legislativos fueron calificados de "complejos" por Ignacio Aguado, que confió en poder tenerlos listos antes de que finalice esta legislatura, dado que han dado los primeros pasos para materializarlos al comienzo del curso político de cuatro años.

Otra iniciativa a la que se prevé una tramitación ardua es el anteproyecto de ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer a uno de cada tres magistrados del turno de juristas de reconocido prestigio que forman parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El consejero de Justicia, Enrique López, detalló que el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso pretende que el Consejo General del Poder Judicial sea el encargado de cubrir por concurso estas plazas

La pretensión del Ejecutivo regional implica reformar la ley orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta Judicial, ambas de carácter estatal. Por lo tanto, el procedimiento que se debe seguir es aprobar el anteproyecto en el Consejo de Gobierno, tramitarlo como proyecto y luego enviarlo a la Asamblea de Madrid, que lo remitirá a la mesa del Congreso de los Diputados como proposición de ley. De aprobarse el cambio normativo, afectaría a todas las comunidades autónomas.

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