El Tribunal Supremo fallará definitivamente sobre la exhumación de los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos el próximo 24 de septiembre a las 10h en una sesión a puerta cerrada, una promesa del Ejecutivo de Pedro Sánchez que la Sala paralizó cautelarmente a petición de la familia del dictador hasta que hubiera sentencia. La decisión llegará un día después del límite para formar gobierno.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal deliberaba sobre el fondo del asunto desde que el pasado mes de junio acordara de forma unánime suspender cautelarmente la orden del Gobierno para sacar el cuerpo el 10 de junio. Desde entonces se han estudiado las alegaciones presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la familia Franco y diversas asociaciones en relación con este procedimiento.

La paralización de la exhumación se justificó en su día por el Supremo en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes —la familia Franco y otros tres colectivos— y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". En este asunto están personados, además de la familia, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle.

La sala —cuyo ponente será el magistrado Pablo Lucas— deberá resolver definitivamente si permite la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación, bien en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, como quiere el Gobierno, o bien en la cripta de la Almudena, lugar elegido por la familia.

El Ejecutivo confía que el Alto Tribunal finalmente le dará la razón y acabará permitiendo el traslado de los restos del dictador. Su voluntad era proceder a la exhumación y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, una localización que el Gobierno determinó ante el silencio de los familiares a la hora de designar un lugar alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, que era el sitio propuesto por la familia.

Este punto, como muchos otros en este tema, fue objeto de discordia entre el Gobierno y la familia del dictador, que tildó de "absoluta y rotundamente falso" que rechazasen designar ese lugar alternativo, ya que pidieron la suspensión cautelar de la medida.

En su recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros, los nietos de Franco incidían en las "vulneraciones de la legalidad ordinaria" que ha cometido el Gobierno y hacían hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio, sino que es propiedad de Patrimonio Nacional. Los recurrentes siempre han criticado las "prisas" del Gobierno mediante un real decreto ley cuando, a su juicio, éste no es un "caso de extraordinaria y urgente necesidad".