La decisión del Tribunal Supremo que impide realizar la exhumación del cadáver del dictador Franco ha sido criticada este jueves por la Asociación de Historia Contemporánea en una comunicado este jueves.

Más allá de la problemática específica de la exhumación de los restos del dictador, la forma en que lo argumenta el Tribunal Supremo contraviene la opinión mayoritaria entre los historiadores acerca de la Jefatura del Estado de Francisco Franco al situar su inicio el 1 de octubre de 1936", dice la asociación.

"En esa fecha en España existía un único Jefe del Estado legítimo, el Presidente de la II República, Manuel Azaña. Es este un hecho incontestable. Cuestionarlo como hace el Tribunal Supremo, implica la legitimación de hecho, a posteriori, de un golpe de Estado, el del 18 de julio de 1936, que generó una guerra civil, con cientos de miles de muertos, y una represión brutal que costó la vida a otras decenas de miles".

La AHC insiste en que la suspensión del proceso "constituye una ofensa a las víctimas" y a toda "conciencia cívica y democrática, española o internacional".

"Es una intromisión inaudita a la que sólo ha llegado el Tribunal Supremo español", sentencia tras mostrar su desacuerdo con que el poder judicioal determine "la verdad histórica". Una conclusión a la que llega tras comparar la situación con otros países europeos como Alemania e Italia.

La AHC —que pide una "rectificación total y sin ambages de la anotada disposición del Tribunal", observa tres consecuencias: una, "podría llegar a tener efectos sobre la libertad de los historiadores eventualmente obligados a confrontar sus propias investigaciones con instancias que nada tienen que ver con su profesión"; otras, que "sitúa a España, a su judicatura y, por extensión, a la democracia española en el furgón de cola de las europeas": y finalmente, que "abre la vía a eventuales derroteros de judicialización de la historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes.