Ochenta días después de que se celebraran las elecciones autonómicas y tras dos meses de negociaciones con Vox y con Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata del PP ha sido investida este miércoles con 68 votos a favor, 64 en contra y ninguna abstención. El lunes está previsto que tome posesión de su cargo y, al día siguiente, que sean nombrados sus consejeros, con lo que el Gobierno regional echará a andar.

En esa lista, por el momento, solo hay seguro un nombre, el de Ignacio Aguado. El portavoz de la formación naranja en la Asamblea ocupará la Vicepresidencia, en el que será el primer Ejecutivo de coalición de esta comunidad. Ciudadanos ostentará además las consejerías de Deporte; Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo; Transportes e Infraestructuras; Asuntos Sociales y Familia; y Cultura y Turismo. Los populares dirigirán Interior; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud; Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda, y Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad.

Estos son los principales retos a los que deberá hacer frente ese nuevo Gobierno.

El primer desafío pasa por la aprobación del presupuesto regional, unas cuentas de más de más de 20.000 millones de euros que deben nacer de la negociación entre Díaz Ayuso, Aguado y Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, toda vez que los votos de este último partido son imprescindibles.

Los tres grupos están de acuerdo en que esos presupuestos contengan rebajas fiscales, "prioridad" tanto para PP como para Cs, y en adelgazar la administración eliminando duplicidades.

"Una de las prioridades es poner en marcha unos presupuestos muy importantes para que Madrid siga siendo la locomotora económica del país, para que siga teniendo los mejores servicios públicos con los impuestos más bajos", señalan fuentes del equipo de Ayuso a Efe.

Sobre la negociación, los populares argumentan que ya hay experiencia en el diálogo con Ciudadanos, con el que han pactado 155 medidas. Con Vox esperan que se logre un pacto como el de Andalucía, "con el mismo modelo de apoyos".

Precisamente las circunstancias en las que va a tener que gobernar suponen otro gran reto para la nueva presidenta madrileña. A la situación inédita de gestionar un Ejecutivo de dos partidos se suma el necesario apoyo de un tercer grupo para sacar adelante las medidas que plantee, y si bien finalmente la investidura ha sido posible, Ciudadanos y Vox han puesto de manifiesto sus discrepancias en múltiples ocasiones.

Durante su intervención en la Cámara autonómica, Monasterio ya ha advertido de que no podrán contar con ellos para aplicar la totalidad de las 155 medidas acordadas. Después, al finalizar la sesión, ha insistido en que ha cumplido con su "obligación" al apoyar con sus votos a la candidata del PP pero que a partir de ahora estarán "vigilantes".

"Aquí acaba nuestro compromiso y a partir de hoy empieza el compromiso del PP con Ciudadanos. Nosotros vamos a estar vigilantes para que se cumplan las medidas y se hagan las políticas en defensa de los madrileños y en defensa de la libertad", ha reiterado. Monasterio ha señalado que espera que hagan un "esfuerzo" en no dedicar recursos "ni a entes ni a chiringuitos" y se unan a la visión de Vox de racionalizar la administración.

La dirigente del PP tendrá que hacer frente además a las actuaciones de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos por las últimas informaciones publicadas sobre ella. Unas vinculan a su padre con un posible trato de favor por parte de la empresa semipública Avalmadrid a la hora de obtener un préstamo y otras hablan de que su nombre ha aparecido en el sumario de la trama Púnica.

Su socio de coalición, por medio de su portavoz adjunto en la Asamblea, César Zafra, avisó de que la formación naranja no iba a "tener problema en actuar en consecuencia" si un proceso judicial dictamina "cualquier tipo de responsabilidad".

"No puede haber imputados en ningún gobierno donde esté Ciudadanos", declaró, aunque también echó un capote a Díaz Ayuso afirmando que, con la presión sobre ella, existe "un interés por parte de algunos partidos por intentar conseguir un foco mediático que no han conseguido".

La reforma del Estatuto de Autonomía estuvo muy presente en la agenda madrileña durante 2018, cuando la norma cumplió 35 años. Los diferentes partidos parecen estar de acuerdo en que es necesario introducir cambios. Toca ver si son capaces de ponerse de acuerdo en cuáles.

El programa de los socialistas recoge por ejemplo que impulsarán la modificación "con la finalidad de plasmar una regeneración institucional" a través de medidas como el fomento de la transparencia de la gestión pública y el blindaje de derechos, "pues es necesario evitar retrocesos sociales en perjuicio de la ciudadanía".

También abogan por la supresión de aforamientos, un punto en el que ya estuvo de acuerdo el Gobierno de Cristina Cifuentes y en el que coinciden con Ciudadanos. Aguado aseguró en campaña que si conseguía llegar al Gobierno llevaría a la Asamblea, en sus cien primeros días, una reforma del Estatuto "que elimine los aforamientos de una santa vez", para que "no haya políticos de primera y ciudadanos de segunda".

También Unidas Podemos habla en su programa de "derogar todos los aforamientos de cargos públicos". "En su seno propondremos la inclusión de los derechos sociales, políticos y medioambientales de los madrileños y las madrileñas, así como la inclusión de procedimientos de revocación de cargos electos mediante consulta a la ciudadanía", agrega el texto, que aboga igualmente por impulsar el autogobierno.

En ese punto chocan con Vox, que defiende reformas legislativas "para devolver al Estado las competencias en Educación, Sanidad y Justicia, así como muchas competencias menores que se recogen en el Título II del Estatuto de Autonomía".

La pasada legislatura dejó varias normativas en el tintero a las que habrá que hacer frente en esta. Cifuentes impulso un controvertido proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) que su sucesor, Ángel Garrido, retiró con la intención de buscar un consenso con la comunidad educativa y el resto de grupos. Garrido planteó a los rectores un "plan de contingencia alternativo" centrado en la financiación, la calidad y la transparencia.

Queda igualmente por saber qué se hará con las salas de juego y con la reforma integral de la ley del suelo. Y en materia medioambiental, la batalla por la basura asoma compleja: a la espera de ampliaciones o nuevas plantas, los tres vertederos madrileños llegarán a su máximo.

Por otro lado, el nuevo Gobierno madrileño tendrá que poner en marcha la Operación Chamartín, después de que el Ayuntamiento de la capital lo aprobara por unanimidad en julio tras 26 años en el cajón. La Comunidad tiene que dar su aprobación definitiva a este proyecto urbanístico en un plazo de cuatro meses. En caso de silencio administrativo, el plan se dará por válido antes de diciembre.

Durante su discurso de investidura, Díaz Ayuso desgranó los diez pilares en los que pretende basar sus políticas. Junto con una mejora en las conexiones y los servicios, con la ampliación de la red de Metro o la creación de carriles bus-vao, prometió más vivienda social, la ampliación de los horarios escolares o reducir a la mitad las listas de espera, reformar los siete hospitales más importantes y crear uno nuevo.

La ya presidenta también expresó su voluntad de alcanzar el "pleno empleo" en la región, que actualmente cuenta con una tasa de paro del 10,54%, según los datos de la última EPA. Para ello apuesta por una fórmula basada en la bajada de impuestos, en la misma línea de los gobiernos precedentes. Así prometió la "mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid", consistente en una reducción de medio punto en la tarifa autonómica del IRPF.

Además asegura que ampliará durante un año adicional la subvención para nuevos trabajadores por cuenta propia que deja la cuota en 50 euros y garantizará esa ayuda a las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad.