El Parlament cierra este miércoles sus puertas por el periodo vacacional de agosto y concluye un curso parlamentario en el que ha aprobado seis leyes y en el que deja 46 pendientes de tramitación.

De esas seis leyes, cinco de ellas han sido proposiciones impulsadas por los grupos, mientras que solo una ha sido proyecto del Govern (restitución de la Agència de Salut Pública).

Las normas aprobadas a propuesta de los grupos son la que modifica la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC); la supresión del Consell Comarcal del Barcelonès; la modificación de la Ley del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA); la reforma de la Ley de prestaciones sociales de carácter económico, y una ley de espacios agrarios.

El 2018-2019 sigue una tendencia similar al anterior curso en número de leyes aprobadas, cuando se validaron cinco normas, pero la mayor parte de ese curso estuvo afectado por el 1-O, la declaración de independencia, el 155 y las investiduras fallidas de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, que paralizaron la Cámara durante varios meses.

Sin embargo, al compararlo con el curso 2016-2017, el anterior al momento cumbre del proceso independentista, se evidencia cómo ha descendido la actividad parlamentaria en esta legislatura, ya que en ese periodo se aprobaron 22 leyes.

Una de las principales actividades que ha tenido la Cámara han sido las tres comisiones de investigación que están en funcionamiento actualmente, una sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), una sobre la aplicación del 155 y otra sobre el almacén de gas Castor.

Además, el pleno ya aprobó crear otra sobre los abusos sexuales a menores en centros educativos, aunque todavía debe constituirse, y tiene que abordar una sobre el 1-O, que cuenta con el apoyo de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, por lo que lo que garantiza los respaldos necesarios para crearla.

El Parlament aprobó crear una comisión de investigación sobre las posibles actividades "irregulares" de la monarquía española, pero el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió.

El TC también anuló una resolución aprobada por la Cámara, que reprobaba al Rey Felipe VI por su discurso tras el 1-O y apostaba por abolir la monarquía, aunque en el último pleno se aprobó una resolución que reafirma el rechazo del Parlament al monarca.

Asimismo, el Parlament arrastraba del anterior curso la suspensión de los presos soberanistas por parte del Tribunal Supremo, lo que provocó una crisis entre JxCat y ERC sobre cómo aplicar esta suspensión y acabó con un cambio en las mayorías del pleno.

Los diputados suspendidos de ERC se acogieron a una fórmula para que el grupo mantuviera su número de diputados, pero los de JxCat lo rechazaron y se quedaron sin derecho a voto, por lo que el independentismo perdió la mayoría absoluta en el pleno durante casi 10 meses en los que los grupos del Govern llegaron a perder casi un centenar de votaciones.

En mayo, los diputados de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull renunciaron a su escaño en el Parlament tras haber sido escogidos diputados en el Congreso en las elecciones generales del 28 de abril y desde entonces los grupos independentistas (JxCat, ERC y la CUP) han recuperado la mayoría absoluta.