Dos altos cargos de la Generalitat han negado este lunes en el juicio del procés que la organización del referéndum ilegal del 1-O supusiera un desembolso de dinero público y han rechazado, asimismo, la existencia de partidas presupuestarias o de contratos para llevar a cabo su celebración.

Así lo han dicho tanto el director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, como directora general de Contratación, Merce Corretja, ambos llamados como testigos por las defensas. Esteve, investigado por un juzgado de Barcelona por el 1-O y que fue número dos de la exconsellera de Gobernación Meritxel Borràs, ha ido desgranando algunos contratos en los que la Fiscalía ve indicios de malversación, como el contrato marco de Unipost con la Generalitat.

Pero ha dicho que las "facturas proforma" emitidas por Unipost fueron "vistas a ojos de la Generalitat como presupuestos" y, por tanto, "no es un encargo formal" pese a que las notas de entrega de los cinco departamentos tenían un sello, lo que para la Guardia Civil sí constituye el pedido oficial. Luego Unipost generó una secuencia de facturas que quedaron en suspenso en cuatro de las cinco consellerías, salvo en Trabajo, que las rechazó dos veces; ninguna se pagó.

Sobre la publicidad del referéndum, Esteve ha defendido que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales emitió dos anuncios de manera "gratuita", pese a que la presidenta, Nuria Llórach, aún sigue reclamando el importe de dos facturas de 93.000 y 180.000 euros. Pero, como hizo el exconseller Jordi Turull en su declaración, ha indicado que no se tenían que pagar por estar dentro de un contrato marco, de manera que dicho servicio tenía "carácter gratuito".

El testigo ha desvinculado estos dos anuncios de las vías del tren la campaña Civisme, encargada por Presidencia, cuyos concursos quedaron desiertos porque las adjudicatarias renunciaron. La Fiscalía ve también indicios de malversación en el registro de catalanes en el exterior, que el testigo ha desligado del 1-O,a demás de asegurar que está amparado en una ley autonómica de 2017.

Con todo, ha reconocido que las facturas de las tres adjudicatarias no se llegaron a pagar porque Presidencia dijo que estaban siendo objeto de investigación por Fiscalía y "por prudencia" se suspendió el pago. Luego estas empresas emitieron unas nuevas facturas, ya en negativo, si bien el testigo no valoró si se debían interpretar entonces como una donación.

La versión de Esteve ha sido avalada después por Merce Corretja, directora general de Contratación de la Generalitat que ha dicho que "en absoluto" existen contratos para el 1-O. "Hemos realizado búsquedas en el registro público por si encontraba algún contrato relacionado y no he encontrado absolutamente nada", ha precisado, pues como su compañero defiende que los contratos cuestionados en este juicio tienen otra explicación diferente a la que entienden las acusaciones.

Por su parte, la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que estuvo en las protestas contra el registro en la consellería de Economía del 20-S, ha asegurado que tuvo "la suerte" de subirse al techo de un coche de la Guardia Civil el 20-S para recordar a un grupo de "jóvenes más entusiastas" las prácticas de la "no violencia", si bien ha admitido que ella no era partidaria de desconvocar la concentración.

Boya está pendiente de ser juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia junto a miembros de la Mesa del Parlament cuando la presidía Carme Forcadell, una vez que el Tribunal Supremo decidió separar la causa en dos procedimientos.

La exdiputada, citada en el juicio por defensas de los Jordis, ha explicado que ella y la exparlamentaria de la CUP Eulàlia Reguant "subieron a un vehículo de la Guardia Civil" después de que Sànchez y Cuixart les pidieran que recordaran a unos jóvenes cuales eran "las bases de la desobediencia civil no violenta", ya que "seguramente eran votantes de la CUP" y las cuperas podían conectar con ese grupo mejor que ellos.

Ha justificado que "por su estatura" necesitaban algún lugar elevado para que les reconocieran, de manera que ellas consideraron que "subir al techo de uno de los dos coches de la Guardia Civil era un buen atril" para dirigirse a la gente.

Una vez arriba dijo "en plan humorístico": "Sé que a muchos de vosotros os encantaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil. Yo tengo ese suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta y siempre tenemos que hacerlo desde la no violencia". Y aunque no quiso "provocar daños" al subir al vehículo, sino que pretendía evitar altercados, ha reconocido que con su peso "seguramente sí" contribuyó "a chafar un poco el capó del coche".

Boya, a quien las acusaciones han renunciado a formularle preguntas, ha explicado que los Jordis les propusieron desconvocar la concentración, "en especial Sánchez estaba convencidísimo", pero las exdiputadas de la CUP lo rechazaban. "No éramos nadie para desconvocar, nos opusimos porque la gente ejercía libremente su derecho de manifestación, no teníamos esa potestad aun siendo cargos públicos, no estaba de acuerdo en desconvocar", ha señalado la testigo.

En su opinión, no existían razones ya que había una "actitud completamente festiva" y "todo eran cánticos en positivo" de la gente que estaba "cantando y bailando", pero dejando claro que "en ningún momento" el fin era "impedir" los registros judiciales sino solo "defender el derecho de sufragio del 1 de octubre".

Las cuperas finalmente aceptaron desconvocar y subirse al escenario con la condición de que los Jordis y los diputados de Junts pel Sí les ofrecieran una alternativa para continuar manifestándose al día siguiente en un lugar y hora concreto. "Fui yo la que dirigí unas palabras apoyando desconvocar y anunciando la convocatoria al día siguiente. Los Jordis fueron los últimos en hablar en el escenario", ha precisado.