La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha respondido este viernes a las críticas con que este jueves los sindicatos recibieron el plan para parados de larga duración que ha aprobado el Consejo de Ministros apuntando que "peor" que los "brindis al sol" como lo calificaron son los "lunes al sol". "Lo peor son los lunes al sol", ha afirmado la minista, que se ha mostrado "absolutamente convencida" de que las personas que llevan más de un año desempeadas y a las que se dirige el plan del Gobierno no pensarán lo mismo que los sindicatos.

El Consejo de Ministros el Plan Reincorpora-T, un conjunto de medidas para beneficiar a los parados de larga duración. Según el Ejecutivo no será necesaria su aprobación mediante Real Decreto porque es un acuerdo entre ministerios y no requiere modificar ninguna norma, aunque algunas de las medidas sí necesitarán un cambio normativo posterior.

El objetivo del plan es reducir durante tres años (2019, 2020 y 2021) la tasa de paro de larga duración del 5,8% al 3,6% en el mismo trimestre de 2021, y dejar el número de afectados en 850.000 personas a finales de 2021, con una población activa de 23,5 millones de personas. Esto supondría una reducción en términos netos de los parados de larga duración de 481.200 personas, es decir, unas 150.000 personas al año.

Fuentes de CC OO indicaron este jueves que el plan es un "brindis al sol", pues recoge medidas que no son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. "Son acciones que pueden hacer o no las comunidades", lamentaron. Los sindicatos querían que la cartera común de servicios fuera de obligado cumplimiento, porque ello supondría que en todas las oficinas públicas de empleo se tratara a los desempleados por igual, con los mismos servicios.

La ministra de Trabajo ha dicho no compartir estas apreciaciones y ha recordado que tanto CCOO como UGT han colaborado en la elaboración del plan y formarán parte de la evaluación que se hará de su funcionamiento.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo ha explicado que es cierto que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autonomas y que tal y como han puntualizado los sindicatos, algunas de las medidas que contempla el plan acordado este viernes ya formaban parte del plan de empleo juvenil aprobado hace meses por el Gobierno. En concreto, la creación de orientadores laborales. No se crearán más plazas que las 3.000 que ya preveía el anterior plan.

Asimismo, en este plan para parados de larga duración se incluyen medidas que ya están en vigor, como el subsidio para parados de más de 52 años y la recuperación de la cotización para personas que cuidan de manera no profesional a dependientes. Ambas forman partes de sendos reales decretos-ley que fueron convalidados esta semana en la Diputación Permanente del Congreso.

En toco caso, Valerio ha asegurado que es "un plan bueno para las personas y para el país" y ha recordado a los sindicatos que también es "dinámico, no estático, no pasa nada por si una vez evaluada la política vemos que no están dando buenos resultados lo vamos a ver" y en esa evaluación, ha reiterado, los sindicatos "podrán dar su opinión".

Entre las medidas que contempla el Plan Reintegra-T, figura la reserva de entre un 5% y un 10% de los puestos de trabajo en las contratas públicas a parados de larga duración (más de un año en el desempleo). Sería una de las medidas que requieren un desarrollo normativo posterior.

[A FONDO: ¿En qué consiste el Plan Reincorpora-T que quiere aprobar el Gobierno y qué medidas contiene?]

El plan —que tiene un impacto presupuestario de 2.500 millones— contiene medidas ya aprobadas, como las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la modificación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, y otras dirigidas a potenciar la formación y orientación de los desempleados de larga duración.

De hecho, la mitad del gasto hasta 2021 corresponde a medidas que ya han sido aprobadas vía decreto ley. El subsidio a mayores, ocupa 1.196 millones. Las bonificaciones, 277 millones. Las medidas para formación, 732 millones. También se destinarán 210 millones a la formación en sectores de interés preferente (sostenibilidad ambiental, transición energética, cualificación agraria o forestal, ámbito de los cuidados y dependencia) y otros 138 millones a la adquisición de competencias digitales (informática, programación, desarrollo de aplicaciones o robótica).

Dentro del eje de actuación en orientación profesional, con una dotación de 282 millones de euros, destaca el refuerzo en la atención personalizada (156 millones), que incluye, entre otras medidas, la atención a parados de larga duración por parte de 3.000 orientadores, cuya contratación ya estaba prevista en el Plan de Choque para el Empleo Joven aprobado el pasado diciembre.

Antes de la intervención de Valerio, la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha celebrado que la UE haya reconocido por primera vez a Gibraltar como una "colonia" del Reino Unido, algo que ha considerado de "éxito de Estado" y un "gran paso adelante" en la reinvidicación española sobre el enclave británico en España.

Celáa ha subrayado como "éxito de Estado que por primera vez el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo ha reconocido a Gibraltar como una colonia" en el reglamento de visados en el contexto del brexit. "Es un gran paso adelante para la reinvidicación de nuestro país largamente en defendida y finalmente lograda a una posición firme".

De momento, el Gobierno no se reerva su postura sobre la prórroga hasta el 30 de junio que la primera ministra británica, Theresa May, ha solicitado este viernes al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aunque Celáa ha asegurado que la voluntad de España es que "la salida del Reino Unido se haga con el menor daño posible, para que no haya un brexit duro".

Ante la cada vez más "inminente" salida, el Consejo de Ministros ha acordado este viernes recuperar el consulado en Manchester que fue suprimido en 2011, precisamente para atender a los españoles que viven en Reino Unido. "El número de españoles residentes en el país no ha hecho si no crecer exponencialmente y ante la circunstancia de un brexit inminente reforzamos la asistencia consular para dar seguridad juridica y asistir con cualquier tipo de trámite", ha explicado.

Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a estudiar el fenómeno de la pobreza energética, para tener un "diagnóstico oficial" al que aplicar medidas dentro de la Estrategia Nacional que ha aprobado el Consejo de Ministros, con cuatro grandes ejes y 19 medidas entre las que figura  buscar la cobertura de la población vulnerable con intrumentos como el bono eléctrico y el bono térmico.

Según ha explicado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el plan del Gobierno contra la pobreza energéticap prevé otras medidas a corto y medio plazo entre las que también  figuran acciones de "concienciación social" para "intentar impedir que los ciudadanos lleguen a una situación de pobreza energética".

Para empezar a diagnosticar la pobreza energética, Ribera ha indicado que se tendrán en cuenta factores como la desproporción en el gasto de los hogares en energía con respecto a los ingresos, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y el impago de facturas.

Estas pautas son resultado de la consulta pública que se cerró en enero sobre pobreza energética entre ciudadanos y asociaciones, donde el Ministerio que dirige Ribero pidió opinión sobre qué factores debían tenerse en cuenta para saber cuándo alguien se encuentra en situación de pobreza energética y cómo deberían participar administraciones y empresas para llevar a cabo la estrategia.

También se interesó por saber si el bono social eléctrico y el nuevo bono térmico debían mantenerse en los términos actuales o ser reformados.

En la actualidad, el bono social eléctrico consiste en un descuento de entre el 25 y el 40% sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), dependiendo del grado de vulnerabilidad económica del consumidor o de si tiene a su cargo a menores de edad, es víctima de violencia de género o de terrorismo o si está en situación de dependencia o tiene a su cargo personas dependientes.

El pasado mes de noviembre, a estos descuentos sobre la factura de la luz se sumó el llamado bono térmico, una ayuda puntual y en un solo pago para el pasado invierno para reducir los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Varía dependiendo de la zona climática en la que se encuentre el consumidor y el descuento de partida es del 25% hasta llegar a un máximo del 60%.