El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que prohíbe cortar el suministro a consumidores vulnerables en situaciones climatológicas extremas, como una ola de frío o de calor, y amplía 4 meses más el periodo previo a la interrupción del servicio por impago.

La Estrategia, dividida en cuatro ejes de actuación y con 19 medidas, determina que en la actualidad existen entre 8,1 y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios de pobreza energética. Con todo ello, el Gobierno se ha marcado como objetivo reducir esa cifra en 2025 al 50% o, al menos, alcanzar una disminución del 25 %.

Actualmente, no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social eléctrico, la normativa habilitaba un plazo de 4 meses antes de la interrupción del servicio, que aumenta en otros 4 meses durante los cuales el consumidor recibirá un "suministro mínimo vital", que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Para analizar un seguimiento de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto se centra en el gasto desproporcionado (hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional), la pobreza energética escondida, la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada y el retraso en el pago de las facturas.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones tienen retrasos en el pago de sus facturas.

La estrategia, que incluye una definición oficial sobre pobreza energética, recoge 19 medidas, entre las que se incluye la necesidad de elaborar un nuevo bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro.

También analiza el gasto energético en función de la zona climática en la que habiten y se analizará permanentemente un panel de hogares vulnerables.

Asimismo, recoge medidas para la rehabilitación y la eficiencia energética a corto, medio y largo plazo.

Con todo ello, se potenciarán las rehabilitaciones exprés, se fomentará el parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros más eficientes mediante subvenciones.

A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, la utilización de materiales sostenibles y el análisis de las edificaciones con peor comportamiento energético.

En cuanto a la protección de los consumidores y la concienciación social, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

También se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes, se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente.