El Gobierno aprobó este viernes una oferta de 33.793 plazas de empleo público para este ejercicio, la mayor en más de una década, para rejuvenecer las plantillas y encarar las futuras jubilaciones.

Tal y como detalló la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la primera vez que el mayor empleador de España, el Estado, se dota de una política de contratación plurianual, "analizando el envejecimiento" y "los procesos de selección".

Según Batet, la Administración encara un problema grave por el envejecimiento de la plantilla pública que provocará salidas masivas en los próximos años, después de que haya perdido además 36.500 efectivos entre los años 2009 y 2019 al no haberse convocado nuevas ofertas por la crisis o las bajas vegetativas.

La oferta ha sido consensuada con los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y CIG y se aplicará tras haber aprobado para su ejecución varias normas en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la estabilización además en la Justicia y Educación.

En total se ofertan 33.793 plazas, una cifra que supera la de 2018, cuando se aprobaron 30.844 plazas.

Según explicó Batet,  es la primera oferta que se efectúa con base cero, es decir, sin tomar como referencia la oferta del año previo sino planificando en función de las necesidades "reales" de las distintas administraciones, identificando los sectores más sensibles y con mayores carencias, y con una previsión a tres años.

A tal efecto indicó que se ha pedido a todos los ministerios que analicen y planifiquen sus requerimientos a tres años, revisando además las tasas de coberturas "para evitar desajustes no deseados" o lanzar "convocatorias de plazas que luego no se usan y se pierden".

El Gobierno ha auditado la situación por vez primera tomando datos del registro central de personal con fecha 1 de enero de este año sobre los 135.476 funcionarios que integran la plantilla de la Administración General del Estado.

De ese total, 20.971 serán para la Administración General del Estado, 1.814 para las Fuerzas Armadas y 5.561 para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A ese cómputo se suman las plazas para estabilización en el ámbito de la Justicia (un total de 2.237), en el de la Educación (489) y en la propia Administración General del Estado (2.528), y las 383 plazas aprobadas en un Consejo de Ministros previo para determinados servicios afectados por la potencial salida de Reino Unido de la UE.

De las plazas convocadas para las Fuerzas Armadas, 758 vacantes están destinadas para la unidad de militares de carrera y 36 para militares de complemento. De ellas, 351 son para el Ejército de Tierra, 163 para la Armada, 151 para el Ejército del Aire y 129 para los Cuerpos Comunes.

En cuanto al ingreso como alumno en los centros militares de formación mediante promoción se fijan un total de 1.020 plazas, repartidas en 169 para escala de oficiales, 21 para escalas técnicas, 7 para oficiales enfermeros y 823 para suboficiales. Se han autorizado 65 plazas más de ingreso directo al centro docente militar de formación para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil.

Además, el Gobierno ha autorizado la convocatoria de 72 plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento y de 400 plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de tropa y marinería. También se fija una oferta de un máximo de 150 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.

Esta oferta de empleo de 2019 será la primera en la que el VIH, la celiaquía, la diabetes y la psoriasis dejarán de ser motivo de exclusión para acceder a una plaza pública.

Según Batet, los datos del registro central de personal arrojan una edad media de "prácticamente 52 años", diez más que el conjunto de la población activa del país, situada en 42 años, y que la tendencia de envejecimiento se ha ido acelerando al haberse reducido la oferta en los últimos años. En el año 2004, por ejemplo, la edad media estaba situada en los 46 años y en 47 en el ejercicio 2008.

La situación se complica además porque el colectivo de empleados con edades entre 40 y 49 años es muy numeroso frente a los de inferior edad; una situación que provoca que algo más del 51% de las personas estarán en situación para prejubilarse dentro de una década, en el año 2029, y esa cuota de salidas alcanza el 62,6% en auxiliares administrativos y administrativos, que "son los que tienen el protagonismo en la atención presencial" y en la "tramitación de los procedimientos" de los ciudadanos.

La ministra insistió en que solamente durante el presente ejercicio podrán prejubilarse 19.159 personas o el equivalente al 19% de la plantilla total de trabajadores públicos de la Administración General. "Estas cifras nos dan una idea de la magnitud de los problemas a los que hay que hacer frente", indicó, subrayando que además el problema "no es solo cuantitativo", ya que "las necesidades son distintas a las de hace años".

En palabras de la ministra, el Gobierno ha decidido aprobarlo porque es justo en estas fechas cuando se suele convocar, de forma que "los opositores y opositoras y sus familias lo esperaban", y ante las dudas de poder aprobarlo cuando el Ejecutivo entre en funciones.

Asimismo, Batet defendió al respecto que no presentar la oferta "sería una absoluta irresponsabilidad" por parte del Gobierno, ya que se trata de "garantizar la prestación de servicios públicos al ciudadano que sin esta oferta se podrían ver en peligro".