Romeva y Turull
Romeva (centro, primera fila) y Turull (detrás) durante el juicio al Procés Emilio Naranjo / EFE

El Tribunal Supremo iniciará este martes la cuarta jornada del juicio por el 1-O con la declaración del exconseller de Presidencia y exportavoz de la Generalitat Jordi Turull y del exresponsable de la cartera de Exteriores Raül Romeva. Ambos se enfrentan a una pena de 16 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

La vista se iniciará a las diez de la mañana con la declaración de Turull, quien, a diferencia del dirigente de ERC Oriol Junqueras, tiene previsto contestar a todas las partes, incluida la Fiscalía, con la única excepción de la acusación popular ejercida por VOX, según fuentes de su defensa.

Turull, cuestionado por sus presentaciones de la ley del referéndum

Turull es uno de los nueve acusados que se encuentran en prisión preventiva desde noviembre de 2017. El fiscal reclama para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y uso ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos. Vox reclama para él 74 años de prisión, 50 por dos delitos de rebelión, 12 por organización criminal y otros 12 por malversación.

El exconseller participó en múltiples reuniones durante los años 2015 y 2016 para discutir aspectos relativos al proceso de independencia y la construcción de un Estado propio. En julio de 2017 intervino también en sendos actos de presentación pública de la ley del referéndum de autodeterminación en el Parlament y en el Teatro Nacional de Cataluña.

La Fiscalía le recordará en su interrogatorio que el 7 de septiembre de 2017 el Gobierno de la Generalitat aprobó un acuerdo para autorizar a diferentes departamentos a realizar la acciones y contrataciones necesarias para la celebración del 1-O.

Bajo el amparo de esa norma, desde el departamento de Presidencia se financió la creación de varias páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos, la publicidad institucional y la cartelería que, según el ministerio público, se difundió simulando que el pedido se realizó desde Òmnium Cultural. Además, el fiscal atribuye a Turull la autorización de gastos de suministro de papeletas, del censo electoral y las citaciones a los miembros de las mesas de votación, que se les hicieron llegar a través de Unipost por un monto total de 950.000 euros.

Saldrá a relucir también el tuit que escribió el 21 de septiembre, tras varias horas de sitio por manifestantes independentistas a la Consellería de Economía, donde se realizaba un registro por orden judicial, en el que decía: "¡Votaremos y ganaremos! El Estado tiene las alcantarillas, el TC, los fiscales".

Además, las acusaciones le preguntarán por los reiterados y continuos llamamientos públicos a votar tanto en entrevistas como en actos públicos y redes sociales, pese a ser consciente de la "ilicitud" del proceso de secesión y de la posibilidad de incidentes violentos. Turull también tendrá que dar cuenta de su participación en la rueda de prensa previa al 1-O en la que se presentaron las urnas. El exconseller está representado en el juicio por el abogado Jordi Pina.

Romeva, acusado de delitos similares

La intención de la sala es concluir el mismo martes con la declaración de Turull y comenzar con la de Romeva. La Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos. Como en el caso de Turull, Vox le pide 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

Romeva participó también en varias reuniones preparatorias durante los años 2015 y 2016. También podría haber autorizado acciones y contratos relacionados con el 1-O. El departamento de Exteriores fue creado en 2016 y al año siguiente su dotación presupuestaria se incrementó por decisión parlamentaria en un 107%, alcanzando los 35 millones de euros.

De él dependían directamente las 'embajadas' de la Generalitat en el extranjero, la campaña de imagen que desarrollaron, páginas web internacionales y la contratación y financiación de los expertos y observadores internacionales para vigilar el proceso.

Raül Romeva será preguntado por su participación en la concentración celebrada el 21 de septiembre en la Ciudad de la Justicia en apoyo de los detenidos durante el registro de la Consellería de Economía y por sus llamamientos a la participación en un referéndum de independencia, consciente de que era ilegal. También participó en la rueda de prensa en la que se presentaron las urnas. El exconseller está defendido por el abogado Andreu Van den Eynde, que también representa a Oriol Junqueras.