Junqueras se considera un "preso político" y Forn niega cualquier responsabilidad en el juicio al 'procés'

El exvicepresidente de la Generalitat y principal acusado, Oriol Junqueras, antes de comenzar su declaración durante la tercera jornada del juicio del procés.
El exvicepresidente de la Generalitat y principal acusado, Oriol Junqueras, antes de comenzar su declaración durante la tercera jornada del juicio del procés.
EFE
El exvicepresidente de la Generalitat y principal acusado, Oriol Junqueras, antes de comenzar su declaración durante la tercera jornada del juicio del procés.

Arrancó este jueves en sentido estricto el juicio al procés con los dos primeros interrogatorios, los de Oriol Junqueras y Joaquim Forn —ambos en prisión provisional—, que adoptaron estrategias diametralmente opuestas. Mientras que el exvicepresident de la Generalitat rechazó contestar a las preguntas de las acusaciones, el exconseller de Interior no tuvo reparos en responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.

Mientras que uno se refirió abiertamente a varias de las actuaciones que se le atribuyen, alegando, eso sí, que no son constitutivas de delito, el otro intentó convencer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de que nunca procedió al margen de la ley. El discurso político frente a la defensa técnica.

Preguntado por su abogado Andreu Van den Eynde, Junqueras apeló a los sentimientos y se valió de retórica. Trufó en su discurso palabras como "diálogo", "pacifismo" y "principios". "Me encuentro en una situación de indefensión. Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos; estoy en un juicio político", empezó diciendo.

Para referirse a su partido, ERC, tiró de principios: "Somos otras muchas cosas que nos llevan a ser independentistas: demócratas, republicanos… Y antes que demócratas somos buenas personas. No somos enemigos de nadie ni de nada". De sí mismo afirmó: "Yo amo a España, a la gente y a la cultura españolas, pero estoy convencido que el mejor modo de garantizar las buenas relaciones es un reconocimiento entre iguales".

En torno a la legalidad de sus actos, argumentó: "Nada de lo que hemos hecho, trabajar de forma pacífica por la independencia de Cataluña, es delito. Votar no es delito; en cambio, impedirlo por la fuerza, sí". Repetidamente incidió en su "voluntad de establecer diálogo político, absolutamente vigente".

"Intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en la cual la silla de enfrente siempre está vacía y que traslada su responsabilidad política a los tribunales", dijo, y añadió luego: "Esto no se resuelve poniendo a gente en la cárcel". Negó que intentara interrumpir el registro del 20-S en la Conselleria d’Economia, e hizo de nuevo gala de talante: "Saludé a los guardias civiles, todos muy amables; yo también, siempre exquisitamente educado".

"El 1-O no costó nada"

También aseguró que el referéndum ilegal del 1 de octubre "no les costó nada a los contribuyentes". Y volvió a fardar: "Todo el mundo nos ponía como ejemplo de buena gestión económica". Reconoció que se mantuvo la convocatoria de la consulta aun cuando el Constitucional la había vetado, pero lo quiso justificar: "Entendemos que nuestra obligación es proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso el derecho a votar".

Acusó a Policía y Guardia Civil de cerrar colegios electorales "con violencia" y "para generar un ambiente de crispación", "al cual afortunadamente nadie en absoluto respondió con violencia". "Nosotros nunca fomentamos que la población se enfrentase a las fuerzas del orden", afirmó, y destacó el "carácter pacífico, cívico, responsable, ejemplar" de las movilizaciones populares separatistas.

Ya hacia el final del interrogatorio volvería el Junqueras heroico y de talante: "Asumí la posibilidad de que me encarcelasen, pero cada vez que tenga la oportunidad de hablar, insistiré en que necesitamos una solución, toda la ciudadanía, todos los demócratas".

Cargo o "compromiso político"

Con una actitud completamente diferente, como intentando exonerarse, Joaquim Forn dijo reconocer la "autoridad" del Tribunal Constitucional, y quiso diferenciar "muy claramente" sus "competencias como conseller" de Interior de su "compromiso político de apoyo" al referéndum.

Del 20 de septiembre, afirmó que vio y condenó que "se destrozaran coches de la Guardia Civil", y aseguró que pidió al major Trapero "que hablara con Jordi Sànchez para intentar diluir cualquier tipo de tensión que se pudiera producir".

Respecto al 1-O, afirmó rotundo que trasladó a los Mossos que "su obligación" era cumplir las órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eludió responsabilidades: "Nos advirtieron de riesgos puntuales. En ningún momento se nos planteó que pudiera haber escenarios de violencia generalizada". En la misma línea, incluso atribuyó a "la comunidad educativa" que muchos colegios hubieran permanecido abiertos toda la noche.

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