Desde el 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio a una parte de los impulsores del procés catalán. En el debate público sobre el tema se ha colado a la fuerza, prácticamente desde el principio, desde las primeras detenciones —en octubre de 2017— tras el referéndum del 1-O declarado ilegal por el Constitucional, el adjetivo "político". Y no siempre desde filas ligadas a la causa.

En el lado independentista se denuncia un proceso "a las ideas" y no a unos hechos que, en todo caso, consideran desparejados con su calificación jurídica posterior (rebelión, sedición, etc.); mientras, el Gobierno central, entre otros muchos actores, se emplea en dejar claro que el sistema español es garantista y que los tribunales y los jueces son independientes. La Junta Electoral ha prohibido de hecho a TV3 decir "presos políticos" o llamar "exiliado" a Puigdemont.

No existe una definición de consenso mundial sobre la figura del preso político, aunque el Consejo de Europa —organización que defiende y promueve los derechos humanos y que no forma parte de la Unión Europea— sí puso sobre el papel en su día cinco puntos concretos que sus 47 Estados miembros tienen que tener en cuenta en este sentido.

Estos puntos contemplan una serie de requisitos: que haya habido una violación de las libertades de pensamiento, religión, libertad de expresión o reunión, entre otras; que las detenciones no tengan conexión con ningún delito; que, por motivos políticos, la medida de prisión sea desproporcionada; o que haya discriminación del preso respecto a otras personas.

No hay ningún organismo, institución u ONG internacional que considere que en España hay presos políticos. Amnistía Internacional, de hecho, solo utiliza en sus informes el término "presos de conciencia" y no cree que los del procés lo sean, ya que están "acusados de actuaciones que pueden constituir delito". No obstante, sí se ha pronunciado sobre la "desproporcionada" y "excesiva" duración de la prisión preventiva y los "injustos" cargos contra los Jordis.

Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión y sobre minorías, asimismo, han expresado su preocupación por que "la disidencia política no violenta" dé lugar "a cargos penales". El Tribunal Supremo, sin embargo, ha descartado que estas y otras figuras similares den sus testimonios en el juicio, tal y como pedían las defensas. Precisamente, Rafael Catalá, exministro de Justicia, ya explicó en plena tormenta sobre las euroórdenes y las posibles extradiciones de los huidos del procés que "en España no hay delitos políticos, pero sí políticos que pueden cometer delitos".

En el juicio del procés se sientan en el banquillo nueve exconsellers del Govern de Cataluña (Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs), una expresidenta del Parlament (Carme Forcadell) y dos dirigentes de movimientos sociales (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart).

A nueve de ellos, la Fiscalía les acusa de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado ha optado a última hora por la sedición. La petición mayor de prisión es para Junqueras (25 años). Los hechos que se juzgarán van desde los "violentos sucesos" —según palabras del fiscal— en la Conselleria de Economía en septiembre de 2017 hasta los incidentes ocurridos el 1-O.

Pero también incluyen la presión al Estado que el Ministerio Público entiende que se produjo durante el procés por parte de los acusados y de todo el movimiento independentista; a todo esto, además, hay que sumar la supuesta malversación de dinero público. La Abogacía, por su parte, no aprecia violencia en el caso, sino una "actitud hostil"; y la acusación de Vox habla incluso de "estrategia golpista". Las defensas esgrimen persecución política y represión policial.

Bajando a un plano más concreto, a Junqueras, exvicepresident, se le atribuyen la organización y la ejecución del 1-O y el hecho de obviar los riesgos para la seguridad de los que alertaron los Mossos d'Esquadra. A Forcadell le achacan que permitiera votar en el Parlament la supuesta DUI o las famosas "leyes de desconexión". El único precedente de delito de rebelión en la democracia española es el de Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por el 23-F.

El delito de rebelión está incluido en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal; el de sedición, en el título de los delitos contra el orden público. Otros países europeos también castigan estas conductas en sus legislaciones internas.

Los Gobiernos de PP (Rajoy y Dastis en Exteriores) y PSOE (Sánchez y Borrell) han trabajado, no sin dificultad, para contrarrestar el relato independentista desde que las imágenes del 1-O inundaron las televisiones de todo el mundo. A las puertas del juicio, se han redoblado los esfuerzos en ambos lados.

Para empezar, aunque desde Moncloa se ha desvinculado una cosa de la otra, el presidente Pedro Sánchez ha visitado en los últimos días en Estrasburgo, justo antes del juicio, las sedes del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), instituciones en las que tienen puesta la mirada a largo plazo los acusados. Allí ha reivindicado la separación de poderes y los hechos "reales y constatables" en estos "tiempos de fake news".

"En este país desde hace 40 años no hay presos políticos", sentenciaba el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska el pasado diciembre en el Congreso, en alusión directa a la dictadura franquista; pidió diferenciar entre "el ámbito político y el judicial" e instó a "que no se contaminen". Contestaba así a las críticas de los diputados independentistas al TC, al que acusan de entorpecer el proceso.

"Mi abuelo fue un preso político", ha dicho recientemente la secretaria de Estado para España Global, Irene Lozano, inmersa en una campaña informativa para explicar "lo que está pasando de verdad". En el juicio al procés "no se juzgan ideologías", le espetó el mes pasado la Fiscal General, María José Segarra, al relator de la ONU Fernand de Varennes.

Por otra parte, y al margen de las acciones llevadas a cabo por Carles Puigdemont y de las manifestaciones convocadas, el Govern y el Parlament actuales también han escenificado de forma clara su posición. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha denunciado en una declaración solemne "la instrumentalización del derecho penal"; además, el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha anunciado un tour europeo para explicar "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

Algunos acusados han presentado denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU —que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— por vulneración de derechos políticos, pero el organismo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. "No está en cuestión una forma de pensar", les contestó hace dos semanas el propio TS a uno de sus recursos, que basaban en una sentencia de Estrasburgo sobre un líder opositor prokurdo preso en Turquía.

El Tribunal Supremo ha rechazado asimismo la pretensión de las defensas de que hubiera "observadores internacionales" en el juicio, que se prolongará durante unos tres meses. La razón: todas las sesiones se podrán ver en directo por televisión y en streaming en la web del propio tribunal. "Ahí está, televisado y en directo. No podemos ofrecer nada más", ha sentenciado la Fiscal General.