Pedro Sánchez no ha parado de tener frentes abiertos casi desde que asumió la Presidencia, pero los últimos nueve días han sido especialmente complicados para el líder socialista. Desde las amenazas independentistas hasta la constatación de las mismas votando contra los Presupuestos, pasando por las duras críticas de la oposición y el rechazo de sus varones. El resultado parece marcado: las elecciones anticipadas. Esta es la crónica de una legislatura prácticamente agotada.

Los partidos independentistas encienden la mecha. Esquerra Republicana se decanta por la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado y anuncia que la presentará al día siguiente.

Consideran que Pedro Sánchez no ha tenido ningún "gesto" hacia los presos secesionistas y su respuesta es dar un paso para tumbar las cuentas. "Pedíamos que hubiera una solución democrática basada en el derecho a la autodeterminación", asegura la portavoz republicana, Marta Vilalta. Por su parte, el PDeCAT amenaza con seguir el mismo camino. A cambio de no dar ese paso, piden al presidente que "se mueva".

ERC cumple con lo marcado, pero el Gobierno da un paso que resultará decisivo en los siguientes días: acepta la figura de un relator en el problema secesionista. El primero en hablar de mediación es el secretario general del PSC, Miquel Iceta, para que posteriormente Carmen Calvo use el término concreto de relator, sin aclarar cuál será su papel.

Se trataría de una persona que diera fe de los encuentros en la mesa de diálogo con los independentistas. Desde el Govern, piden que sea alguien "imparcial" y que conozca la realidad catalana. Ese mismo día, Quim Torra da a conocer los 21 que entregó a Sánchez en la reunión de diciembre. El primero de ellos recoge la convocatoria de un referéndum en Cataluña, acabar con la "judicialización" y una "desfranquización" del Estado.

Maldito "relator" para el Gobierno. Esa figura acaba volviéndose en contra de los socialistas. Nadie está de acuerdo: ni PP, ni Cs, ni los independentistas, ni el propio PSOE. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, es la primera en atacar al Gobierno: "Está totalmente fuera de lugar que pongan la figura de mediador en una mesa que ya existe y que es un mandato del Parlament".

Paralelamente, Casado y Rivera convocan una marcha en Colón para el domingo contra Sánchez y para pedir elecciones. El líder del PP eleva el tono y califica al presidente de "felón" y de "traidor a la patria", y considera que sus "cesiones" son "lo más grave en democracia desde el 23-F". A Sánchez también le crecen los enanos a nivel interno. Los barones territoriales piden un comité territorial, pero el Ejecutivo no lo ve viable, y por otro lado le llega el rechazo de Alfonso Guerra: "¿Acaso estamos en Burkina Faso?", se cuestiona.

"El Gobierno socialista está muy lejos de lo que podría permitir que el PDeCAT no presente la enmienda, así que la presentamos". Con estas palabras, Carles Campuzano levanta la espera. La otra formación independentista también rechaza las cuentas. La figura del relator no es "suficiente" para ellos, pero a pesar de todo dejan una puerta abierta. Están dispuestos a esperar hasta el "último minuto" para levantar el veto.

Carles Campuzano,  en el Congreso. (EFE)

Y de nuevo, fuego amigo. Esta vez es Felipe González el que rechaza el movimiento de Pedro Sánchez: "¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios?", pregunta el expresidente.

Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros. (EFE)

El Gobierno recula. No renuncia al diálogo, pero sí avisa de que es "imposible en este contexto". Carmen Calvo ya no contempla ni esa figura ni la construcción de una mesa de partidos. "Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", asegura la vicepresidenta. El Ejecutivo no pasa por el aro: se niega a aceptar un referéndum de autodeterminación.

Pedro Sánchez, en un acto en Barakaldo, llama a la tranquilidad y asegura que el único camino "posible y transitable" para Cataluña es el diálogo. Torra le pide "coraje".

Rojo y gualda en Colón. PP y Ciudadanos encabezan una concentración en la que se lee un manifiesto para pedir a Sánchez que "termine con las cesiones a Cataluña" y convoque elecciones "cuanto antes". Entre el baile de cifras de asistentes, Casado y Rivera ven la legislatura "agotada" y hablan de "clamor" contra el Gobierno. Sánchez, desde Santander, reivindica su papel cuando, como líder de la oposición, apoyó la aplicación del 155.

Imagen de archivo de Pablo Iglesias y Carles Puigdemont.

El adelanto electoral empieza a respirarse en el ambiente. El Gobierno filtra como posible fecha el 14 de abril, algo que se entiende como una medida de presión para que los independentistas retiren sus enmiendas a los Presupuestos. Pero nadie mueve ni una coma.

Turbulencias en el panorama político y judicial. Al mismo tiempo que se inicia el debate de los Presupuestos Generales, arranca también el juicio del procés. Pablo Iglesias intenta mediar con Carles Puigdemont para que los soberanistas cambien de parcer y voten a favor de las cuentas, pero sus intenciones son en vano. El debate se convierte en un primer acto de campaña.

Mientras la ministra Montero elogia los pasos dados por el Gobierno y afea al PP y Cs su acercamiento a Vox, Casado se erige como líder de la oposición para reivindicar a su partido. En cambio, Rivera opta por el camino del medio y habla de la "tercera España" para referirse a la que "se aleja del bipartidismo".

El epílogo de la historia. Las enmiendas salen adelante y los Presupuestos de Sánchez quedan rechazados. El PP se toma la votación como "una moción de censura de facto" contra los socialistas, y todos sacan el calendario. Sin cuentas, España parece abocada a ir a las urnas, pero los plazos solo los maneja el presidente: abril, mayo o incluso octubre. Este viernes se despejará la duda, y solo Pedro Sánchez sabe qué es lo que va a suceder en el futuro.