El rotundo 'no' del Congreso este miércoles a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno desbarata varias de las promesas de Pedro Sánchez para 2019 en materia de impuestos, ayudas sociales y partidas para algunas comunidades como Cataluña. Pero deja intactos otros anuncios, como el de la subida del SMI.

El Ejecutivo podría optar ahora por la vía de los decretos para sacar adelante algunas de estas medidas fallidas, una tarea que tendrá que compaginar con los cálculos electorales y de futuro. El próximo viernes 15 es la fecha elegida para hacer pública la decisión del presidente sobre una posible convocatoria.

El Gobierno había proyectado recaudar este año 227.356 millones de euros, un 9,5% más, con sus reformas fiscales. Para empezar, había decidido una subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de 300.000 euros, mientras que para las del capital se aumentaba en cuatro puntos para rentas de ahorro de más de 140.000 euros.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se contemplaba en los PGE un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos) y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para las compañías que no alcanzan una facturación de un millón de euros.

Se quedan por el camino también la subida al diésel, ya que se reducía su bonificación para aumentar el impuesto especial sobre el gasóleo en 3,8 céntimos por litro, y la bajada del IVA en varios productos: higiene femenina (10% al 4%), descargas y suscripciones digitales de libros y prensa (21% al 4%) y servicios veterinarios (21% al 10%).

Los impuestos de transacciones financieras y servicios digitales siguen su curso -una ley de PGE no puede contener nuevas figuras-, aunque aún no han comenzado su tramitación como proyectos de ley.

En las cuentas, la partida para dependencia figuraba una subida del 58,3%, hasta los 2.231 millones de euros; además, se recuperaba la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría afectado a 180.000 personas.

Por otro lado, se eliminaba también el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros y para las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

Se presupuestaron, asimismo, 25 millones de euros más para el programa de protección familiar y de lucha contra pobreza infantil y otros 30 millones para aumentar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

Los PGE incluían un aumento del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, presupuestadas con 1.620 millones de euros y establecían una bajada de las tasas universitarias para dejarlas a niveles anteriores a la subida experimentada en 2012, habilitando para ello a las comunidades autónomas.

También se habilitaba a las entidades locales para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en las escuelas infantiles: las de 0 a 3 años se consideraban una inversión financieramente sostenible. Por otro lado, la partida para libros de texto y material didáctico ascendía a 100 millones, el doble que en 2018.

En este apartado se pretendía incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales dotando con 137 millones de euros al Plan 20.000 viviendas. En cuanto a infraestructuras, la inversión crecía un 18%, alcanzando el mayor importe inversor desde 2012 con 10.029 millones de euros. La alta velocidad se 'comía' uno de cada cuatro euros presupuestados, al acumular 2.660 millones, más de la mitad de los 5.041 millones dirigidos al ferrocarril.

La inversión real territorializada en el proyecto presupuestario contemplaba un alza del 20%, hasta los 12.181,94 millones de euros, con incrementos para Cataluña (+52%), Andalucía (+44%) y Comunidad Valenciana (+61%). Las regiones más castigadas en las cuentas eran: La Rioja (-39%), Galicia (19%) o Comunidad de Madrid (congelada).

Dentro del presupuesto de Justicia, 15 millones de euros se reservaban para impulsar iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo. El presupuesto total del Ministerio subía un 5%, hasta los 1.869 millones de euros.

También se financiaban la creación de nuevas unidades judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado, y la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y fiscal.

El Gobierno ya ha aprobado varias medidas a través de la figura del real decreto ley y que no se verán afectadas por la caída de los PGE.

Por ejemplo, el aumento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, así como la revalorización de un 1,6% de las pensiones (a la que se añadirá una décima más por el IPC antes de abril) y de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, con un coste total de 2.591,65 millones de euros.

Igualmente, aprobó en diciembre la subida salarial de los empleados públicos para 2019, que será como mínimo del 2,25%, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales, hasta un máximo del 2,75%.

Además, ya dio luz verde a la subida del 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos, hasta los 944,40 euros al mes, ya que el tipo de cotización ha pasado a ser del 30%, aunque se incluían mejoras para el colectivo de autónomos como el acceso a la prestación por cese de actividad (paro), flexibilizando los requisitos y ampliando la duración de la prestación.

También se ha prorrogado de manera indefinida el subsidio extraordinario por desempleo (SED) de más de 400 euros para los parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, y se ha reducido el número mínimo de jornadas requeridas para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria en el régimen de trabajadores temporeros, pasando de 35 a 20 jornadas.