Jessica Cisneros aterrizó en Madrid en agosto. Venía junto a otras compañeras, con la intención de dar a conocer "la represión gubernamental" que sufre Nicaragua, sin más equipaje que una maleta y el pasaporte. Su intención era recorrer Europa y volver a casa para seguir luchando, pero no pudo hacerlo. El Ejecutivo de Daniel Ortega tramitó una orden de captura contra ellas, que las llevará a la cárcel acusadas de terrorismo en el momento en el que pongan un pie en el aeropuerto de Managua.

"Vine a denunciar la situación de mi país y me arrebataron la posibilidad de regresar", lamenta Jessica, quien a sus 26 años se ve en una tierra que no es la suya, sin familia, sin sus amigos, sin poder desarrollar su carrera como diseñadora gráfica...; obligada por las circunstancias a convertirse en una de las 54.065 personas que el año pasado pidieron asilo en España, entre las que se encuentran 1.365 compatriotas, según los datos facilitados este martes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),

Esta joven reconoce que al principio se resistió a solicitar la protección internacional. "Era abandonar todo lo que había construido durante años", explica. Pronto se dio cuenta, sin embargo, de que la alternativa a "empezar de cero" era "la prisión, o incluso la muerte", e inició los trámites de un proceso "largo y complejo". Medio año después aún no le han concedido la tarjeta roja con el Número de Identidad de Extranjero (NIE), que en un primer momento no le permitiría trabajar, pero sí empezar a realizar ciertas gestiones.

Mientras, vive de la solidaridad de la comunidad nicaragüense en España y no cesa en la denuncia contra lo que sucede en su país, aunque eso suponga que las amenazas contra ella y contra su familia sean constantes. "Nos tildan de financiadoras de las protestas, de haber recibido millones de dólares para pagar lo que allí está ocurriendo, de agentes de la CIA... La ola de represión mediática y psicológica ha sido constante. Y el asedio llegó también a los nuestros", relata.

Pese a esos intentos por amedrentarla, Jessica asegura que no se va a rendir y pide al Ejecutivo español que, además de flexibilizar las gestiones para obtener el asilo, "denuncie a nivel internacional lo que está pasando en Nicaragua" y que se pueda llevar a sus mandatarios "ante la Corte Penal Internacional porque se están cometiendo crímenes de lesa humanidad".

"Organismos internacionales e instituciones de derechos humanos nacionales han documentado el asesinato de 500 personas bajo un mismo patrón en los últimos diez meses. Se ha documentado que han utilizado armamento de guerra. Hay jóvenes que están siendo acusados de terrorismo por participar en las marchas pacíficas. Hay más de 700 presos políticos, 75 mujeres, de las que se abusa sexualmente en las cárceles. Hay más de 1.000 desaparecidos. Han sido cerrados medios de comunicación", relata esta activista, que habla de "estado de terror". "Yo me manifesté de manera pacífica y vi cómo las autoridades nos recibían con plomo y mataban a compañeros", continúa.

La joven asegura que el intento de reforma de la Seguridad Social fue el detonante para las protestas que comenzaron el 18 de abril, pero "la represión gubernamental" ya se había ejercido sobre el movimiento campesino o el de las mujeres: "De una u otra manera las libertades ya se venían coartando, ya nos estábamos quedando sin derechos. El 18 de abril la gente salió a la calle y el Gobierno respondió de una forma tan represiva y violenta que, lejos de acallarnos, nos movilizó aún más".

Jessica sabe que su vuelta a casa se torna complicada porque el conflicto no tiene visos de solucionarse en breve. Para afrontar "el choque emocional" que todo lo que le está ocurriendo supone ha recurrido a ayuda psicológica y, "tras seis meses de reflexión", prefiere ver la situación como una "oportunidad": "Una oportunidad porque sé que Nicaragua va a necesitar mucha ayuda para la reconstrucción y que lo que yo pueda hacer ahora acá, va a ser fundamental cuando regrese para iniciar el proceso de cambio".