La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, aunque cuatro años después se desvinculó totalmente de ella, de forma que a día de hoy asegura no tener vinculación con compañías privadas.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Economía, después de que ABC publicara que la vivienda de 319 metros cuadrados y situada en Mirasierra (Madrid) fue adquirida a través de Aldael Consultores, creada ad hoc por Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, para comprarla. Una práctica legal pero que Pedro Sánchez criticó en 2015 desde la oposición en una entrevista en Telecinco, en la que se comprometió a echar de su equipo a todo aquel que hubiera creado una sociedad interpuesta con el objetivo de "tributar por la mitad de lo que le corresponde".

ABC se remite a datos del Registro Mercantil para asegurar que "el matrimonio se ha beneficiado del ahorro de decenas de miles de euros en impuestos a lo largo de los últimos años", algo que el propio diario recuerda que es una práctica legal "si las deducciones se hacen de acuerdo al criterio de la Agencia Tributaria".

El diario explica que las socias fundadoras de la empresa fueron María José Fernández Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Díaz, quienes quince días después fueron relevadas por Calviño y su marido al frente de la sociedad. Un mes después, siempre según el diario, la compañía, que carece de empleados y tiene 1,6 millones de euros en activos, compró la citada vivienda, donde el matrimonio vivió durante seis años, hasta que Calviño se mudó a Bruselas.

En la actualidad no reside ahí, sino que el inmueble está alquilado a otros residentes. El objeto social de Aldael Consultores es, según este medio, la prestación de servicios de asesoramiento en materia económica, fiscal, contable y jurídica, gestiones preparatorias de apoyo o complemento de actividades empresariales y consultoría de gestión, y adquisición, tenencia, disfrute, arrendamiento y administración de bienes inmuebles.

Las fuentes del Ministerio de Economía consultadas por Efe han explicado que efectivamente esa sociedad se creó en 2000, aunque la ministra se "desvinculó totalmente" de ella en 2004, cuando "ya tenía claro que iba a dirigir su carrera hacia el servicio público". "Desde entonces siempre ha estado dedicada al servicio público. Su sueldo y su patrimonio son públicos y desde 2004, hace ya 14 años, tiene vinculación cero con las empresas de su familia", han recordado estas fuentes, que han apuntado que Calviño y su marido mantienen separación de bienes.

La ministra tampoco tiene vínculos con "ninguna otra" compañía, por lo que asegura estar "desconcertada" por la publicación de esta información.

Ciudadanos ha pedido este mismo viernes la comparecencia de la ministra en la Comisión de Economía del Congreso para que explique este asunto.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto. "¿Queda algo de vergüenza en La Moncloa?", se ha preguntado en un mensaje en Twitter en el que ha acusado a la titular de Economía de haber "eludido impuestos".

"El Gobierno de Sánchez pretende freír a los españoles a impuestos, ellos prefieren eludirlos", ha cargado García Egea, haciéndose eco de la información publicada sobre la sociedad interpuesta de Calviño.

La ministra de Economía sería el cuarto miembro del Gobierno que supuestamente ha creado sociedad para eludir impuestos con una operación inmobiliaria. Antes que ella fue el ministro de Ciencia, Pedro Duque, que defendió que no había cometido "ninguna ilegalidad" en la compra de su chalé de Jávea (Alicante).

El ex ministro de Cultura, Máxim Huerta, sí que dimitió el mismo día que se conoció que había esquivado el pago de más de 200.000 euros a Hacienda y que los tribunales le habían multado con 366.000 euros.

El caso más reciente es el de la presidenta del Consejo Superior de Deportes. María José Rienda defendió este miércoles que está "al corriente" de sus obligaciones fiscales y que "no ha habido ninguna evasión de impuestos" después de que se publicase que supuestamente habría utilizado una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen durante los últimos ocho años de su carrera como esquiadora, práctica prohibida por la Agencia Tributaria.