El PCTV cree que es un "fraude de ley" pedir su suspensión por la vía penal

  • Ha argumentado que los informes policiales en los que se sustenta la acusación son de 2005.
  • Creen que si entonces no había motivos para suspender su actividad, "tampoco debe haberlos en 2008".
  • Los fiscales de la causa, Vicente González Mota y Dolores Delgado, se han declarado a favor de la suspensión.
Un grupo de personas con banderas preconstitucionales, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. (EFE/J.J. Guillén)
Un grupo de personas con banderas preconstitucionales, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. (EFE/J.J. Guillén)
EFE/J.J. Guillén
Un grupo de personas con banderas preconstitucionales, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. (EFE/J.J. Guillén)

Los representantes del PCTV han alegado este lunes en la vista para estudiar la posible suspensión de sus actividades en la Audiencia Nacional que esta medida ya se ha solicitado en el Tribunal Supremo en aplicación de la Ley de Partidos y que hacerlo también en la vía penal es un "fraude de ley".

Fuentes de la defensa han explicado después de comparecer ante el magistrado durante hora y media que ya existe una ley específica al respecto, que es la Ley de Partidos, y que las medidas que el fiscal y las acusaciones populares han solicitado durante la audiencia son "las mismas" que se han pedido en el Supremo y, por tanto, "debe ser prioritaria la ley específica".

El PCTV también ha argumentado que los informes policiales en los que se sustenta la acusación de que el partido está sometido a los dictados de ETA-Batasuna son de 2005 y que si entonces no había motivos para suspender su actividad, "tampoco debe haberlos en 2008".

A favor de la suspensión

Los fiscales de la causa, Vicente González Mota y Dolores Delgado, se han declarado a favor de la suspensión al entender que el Partido Comunista de las Tierras Vascas está sometido a ETA-Batasuna y sus recursos son "puestos a disposición" de los fines de la banda armada, como se acredita en la documentación incautada en la sede del PCTV y ANV en Usurbil (Guipúzcoa).

En la misma línea se han posicionado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, que han ejercido como acusaciones populares en este procedimiento.

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